La Sala Penal con dos distintas integraciones, determinó que la intervención de los seremis en la materia es arbitraria e ilegal, porque no están facultados para retardar la tramitación de los decretos que entregan beneficios a internos.
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Mediante un comunicado, los deudores habitacionales de distintas comunas del país denunciaron ser víctimas de la usura bancaria que los obliga a repactar su deuda cuando se han atrasado solo algunos meses de dividendo.
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Cristian Letelier sostuvo que si bien los hechos pueden estar prescritos, "yo estoy pidiendo lo mismo que se hizo en el caso del padre Karadima, en el sentido que se investigue, se llegue a la verdad, que la gente involucrada sepa cuáles son sus verdaderos padres biológicos".
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La defensa del machi había presentado un recurso de nulidad para dejar sin efecto la condena por los delitos de incendio de lugar habitado, robo con violencia, incendio de bienes muebles e incendio con resultado de muerte.
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El máximo tribunal dio cuenta del actuar arbitrario e ilegal de las autoridades políticas al ordenar una nueva revisión de la concesión de beneficios, tras la asunción de nuevas autoridades, retrasando, en varios casos, la puesta en libertad de internos recluidos en recintos penitenciarios del país.
Cristián Meza
La sentencia del máximo tribunal desestima la falta de servicio del Estado al considerar que los demandantes no lograron probar que la salida de las víctimas desde un lugar seguro, estuvo motivada por la información que habría emitido -a través de una radioemisora local- el intendente regional, descartando el riesgo de un tsunami en la zona.
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A través de una investigación, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) concluyó que la transmisora había incurrido en el rompimiento de la cadena de pagos tras la quiebra de las generadoras Campanario y Tierra Amarilla.
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Fuentes cercanas al proyecto indican que un análisis que se ha hecho es que en caso de que no haya un pronunciamiento positivo, se acuda al Tribunal Ambiental, esto no impediría que el caso llegara a la Corte Suprema. El costo del proyecto hoy rondaría los US$15.000 millones
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El gerente general de Enersis, Ignacio Antoñanzas dijo que si la CAP no implementa el precipitador electroestático requerido como medida de mitigación, "tampoco se hará la inversión en Punta Alcalde y será un problema para todo el país, como siempre".
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Si el máximo tribunal acoge el recurso, deberá realizarse un nuevo juicio contra Córdova, pero con las mismas pruebas presentadas en el primero.
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