Un grupo de abogados presentó acciones judiciales contra el mecanismo de cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE) impulsado por la Tesorería General de la República (TGR), argumentando que el eventual embargo de bienes a deudores sería ilegal.
La ofensiva legal fue liderada por el abogado Héctor Anabalón, del estudio HAZ Abogados, quienes interpusieron recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de San Miguel. El objetivo es frenar los cobros que la TGR intenta ejecutar utilizando procedimientos contemplados en el Código Tributario.
Según el recurso que reveló Biobío, el CAE regulado por la Ley N° 20.027, no corresponde a una deuda tributaria, sino a un crédito educacional. Por lo tanto, sostienen que no puede ser cobrado mediante mecanismos excepcionales como el embargo administrativo, reservado para obligaciones fiscales.
Los abogados argumentan que la normativa del CAE establece que su cobranza debe realizarse conforme a reglas generales, tanto judiciales como extrajudiciales, y no mediante facultades especiales que permiten a la Tesorería actuar directamente con órdenes de ejecución y embargo.
Desde HAZ Abogados señalaron que esta práctica convertiría a la TGR en un “supercobrador” sin base legal, al aplicar un régimen más severo que el previsto para este tipo de deuda.
Además, advirtieron que la medida podría vulnerar derechos fundamentales como la propiedad y la igualdad ante la ley, al someter a los deudores del CAE a un tratamiento más agresivo que el establecido en la legislación vigente.
El caso ahora deberá ser revisado por la Corte, que tendrá que pronunciarse sobre la legalidad del actuar de la Tesorería y los límites en la cobranza de este tipo de créditos estudiantiles.
