La jefa de Estado recalcó que "como Gobierno hemos tenido la voluntad, la decisión de devolver la educación al lugar que le corresponde; es decir, volver al campo de los derechos que en Chile deben ser para todos. La gratuidad ya está aquí, entre todos la hicimos posible".
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Mientras muchos líderes políticos y dirigentes universitarios celebran la aprobación de la ley corta en torno a la gratuidad para la educación superior, se comienza con un nuevo debate que puede ser igual o más discriminatorio que la reforma iniciada por el Ejecutivo: nos referimos al “rol público universitario”.
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Una alternativa es que las instituciones avancen hacia tener sus métodos propios de admisión, en el que exista una prueba estándar que aplique al sistema en general, pero que sus resultados no sean totalmente determinantes para el futuro del estudiante.
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En el caso de los alumnos de cursos superiores que recibían ayudas estudiantiles, el 26 de enero conocerán si también fueron seleccionados con el beneficio.
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La Ministra de Educación, Adriana Delpiano, se reunió con los rectores de esta agrupación, para comenzar el trabajo prelegislativo al proyecto de Educación Superior. El vicepresidente del CRUCh, Aldo Valle, aseguró que aún faltan “definiciones” en la iniciativa.
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"Hemos hecho esta petición hoy día en la tarde, de modo que podemos informar que por instrucciones de su excelencia la Presidenta de la República, el proyecto no va a ingresar en los próximos días", expresó tras el encuentro en La Moneda el vicepresidente del CRUCh.
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Ni tan gratis: la medida del Ejecutivo deja vacíos importantes a la hora de financiar carreras de la Educación Superior.
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En torno a la aplicación de la gratuidad universitaria en los establecimientos, la presidenta señaló que "se verá de manera gradual y paulatina cómo van entrando los alumnos a las universidades que se comprometan en términos de calidad, de arancel fijo y un conjunto de cosas que van a ir en este proyecto".
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"Pese a que en la Universidad Mayor existía la disposición a ingresar a la gratuidad, resulta inviable hacerlo sin contar con el apoyo financiero que el Estado sí otorgará a otras universidades. Hacerlo pondría en riesgo nuestro proyecto educativo, cuya calidad ha sido acreditada y reacreditada en Chile y Estados Unidos".
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¿Si hay universidades malas, por qué siguen abiertas?, es el argumento que entre líneas se lee del deseo arbitrario.
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