En opinión del diputado, la Concertación "sigue siendo la apuesta de un contingente de ciudadanos de centro y de izquierda, que recogen la mejor tradición comunitaria y libertaria de nuestro pueblo".
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Para el legislador del PPD, resulta "peligroso y deleznable" crear o distorsionar informaciones "con el objetivo de generar un rédito político".
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“No es aceptable que las empresas que defraudan a sus consumidores se amparen en el procedimiento judicial, porque sabemos perfectamente que un cliente defraudado no está en las mismas condiciones de pelear en tribunales con una gran empresa que tiene grandes estudios jurídicos”, aseguró el diputado PPD.
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El diputado PPD denunció que, entre los carteles que el gobierno ha ubicado en diversos puntos del país dando cuenta de sus avances, se ha incluido uno que apunta como logro del Ejecutivo la aprobación de la Ley DICOM, normativa aprobada por el Congreso, con oposición del Ejecutivo, según el legislador.
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“No es aceptable que el sólo hecho de haber tenido una deuda en algún momento de la vida, condicione la posibilidad de obtener créditos”, dijo el diputado PPD Felipe Harboe.
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La firma asegura que en todo momento han respetado las normas y regulaciones vigentes en nuestro país, y que la "ley Dicom" no desentona con su trabajo.
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“He recibido denuncias de altos ejecutivos de algunas empresas que han recibido llamados de altos agentes de la empresa EQUIFAX ofreciéndoles la venta de 3 bases de datos, se trata de las bases BED, Boletín Comercial e ICOM, las que en conjunto suman 6.055.423 rut a un valor de $18.996.894 más IVA", denunció el diputado Felipe Harboe.
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Los parlamentarios Felipe Harbor y Karla Rubilar, presentaron una denuncia en el Sernac, para que se investigue esta práctica, utilizada para asustar a los clientes morosos.
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Harboe y Chahín instaron al Ejecutivo a "dar el ejemplo", más cuando hace apenas una semana fue aprobada la ley que pone fin al Dicom como requisito para postular a empleos, entre otros.
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Así lo retrató el diputado del PPD, quien aseguró que con el tiempo, el Dicom se convirtió en un verdadero certificado de conducta, que impedía a la población a acceder, muchas veces, a educación, salud y trabajo.
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