Tras conocerse la acusación, Pablo Alcalde, por medio de su abogado Jorge Bofill, celebró la decisión de la Fiscalía de no perseverar, respecto de él, en el cargo de uso de información privilegiada. "Es un primer paso para demostrar mi inocencia", dijo.
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Se espera que la acusación del fiscal a cargo de la investigación, José Morales, sea presentada el próximo lunes 23 de diciembre.
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Se logró acreditar que el joven falleció en la Posta Central debido a las heridas provicadas por la golpiza a la que fue expuesto, desvirtuándose así la tesis de la defensa que sostenía que la muerte de Zamudio se habría producido por un conjunto de infecciones.
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Anteriormente la SVS había negado la entrega de los documentos de la investigación debido a que la fiscalía no habría dado garantía de resguardar el derecho de reserva.
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El ex gerente corporativo de logística de la multitienda, Iván Dinamarca, accedió a una salida alternativa que, en su caso, correspondió a la suspensión condicional del procedimiento. Dinamarca fue formalizado por el delito de entrega de información fraudulenta, quedando con arraigo nacional y firma mensual.
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Los primeros indicios señalan que a través de la Dirección de Vialidad y de la Dirección de Finanzas, se realizaron pagos de indemnizaciones por jubiliación, mediante la firma de decretos, a personas que se hicieron pasar por trabajadores del organismo ministerial, sin haber pertenecido ni haber trabajado en él.
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La Fiscalía Centro argumenta que el tribunal de primera instancia le dio la libertad a la joven estudiante sin considerar el peligro para la sociedad que constituye.
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La Dirección de Grandes Constribuyentes archiva documentación de quienes tienen ingresos o ventas anuales iguales o superiores a 90.000 UTA y de los que son propietarios, en forma directa o indirecta, de un 20 % o más del capital de otras empresas, entre otros clientes.
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Se trata del mayor acuerdo reparatorio registrado desde que comenzó a regir el nuevo sistema procesal penal y pretende resarcir a los vecinos de la comuna que durante años se vieron afectados por el funcionamiento de una industria en un barrio residencial.
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En el caso de Alejandro Angulo y Raúl López, la Fiscalía pidió 20 años de presidio. Finalmente, para Fabián Mora se solicitó una pena de 15 años y un día.
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