Esto, a causa de una solicitud que presentó la Fiscalía Centro Norte al ente electoral. Las empresas son Copec, Falabella, Banco de Chile y Enersis.
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Tanto la otrora gerente de administración, María Isabel Farah, y quien fuera jefe de productos financieros, Julián Moreno, estarían en conversaciones con el Ministerio Público. En tanto el ex presidente de la firma, Pablo Alcalde y el ex gerente de productos financieros, Santiago Grage, insisten en su decisión de ir a juicio oral.
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La Fiscalía Centro Norte presentó hoy la acusación, que contempla los delitos de lavados de activos, infracciones tanto a la Ley de Mercado de Valores así como también a la Ley General de Bancos.
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Después de variadas críticas de la opinión pública, el Fiscal Nacional revirtió la decisión anunciada la semana pasada por su subrogante, Solange Huerta, de entregar la línea política del caso Penta al fiscal Ayala y la arista SQM al fiscal Montes. Aunque Chahuán lo negó durante su intervención, este primer enroque habría sido planeado para favorecer las carreras de Ayala y Huerta al interior del Ministerio Público. Una jugada que lejos de resultar, se convirtió en un autogol.
Hernán Melgarejo
La Fiscalía Centro-Norte agotó todas las diligencias que fueron solicitadas por el empresario Julio Ponce Lerou en la querella por prevaricación y abusos contra particulares que presentó, en noviembre de 2013, contra Coloma, y otros dos funcionarios de la SVS, Hugo Caneo y Hernán López.
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Mientras Acharán aparece autorizando firmas para la candidatura de Tomás Jocelyn Holt, Mosquera lo hizo para Franco Parisi, en julio de 2013.
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Las utilidades percibidas por los acusados permitieron financiar una serie de sociedades, entre las que se encontraban un canal de televisión, una productora de TV y 2 clubes de fútbol.
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El computador era utilizado por un funcionario administrativo que ya no trabaja al interior del municipio.
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Tras finalizar su comparencia ante el fiscal José Morales, Ponce Lerou realizó una escueta declaración a los medios, dejando en claro que la indagatoria liderada por Coloma contra SQM tiene un fin claramente político.
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Faúndez y otros dos funcionarios desviaron más de 30 millones del Instituto a otras labores, por lo que fueron investigados por posible malversación de fondos. La fiscalía Centro Norte, sin embargo, no logró acreditar la eventual responsabilidad penal de los denunciados.
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