arte de los reparos de algunos parlamentarios con la magistrada han sido sus fallos en algunos casos de vulneración a los derechos de los consumidores y el respaldo a la tesis de la 'irreprochable conducta anterior' aplicada a Manuel Contreras.
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Los 26 votos a favor, cinco abstenciones y cinco en contra fue aprobada la nominación de la presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago como parte de la Corte Suprema.
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El Senado volverá a discutir la integración de la presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago al máximo tribunal del país, donde parlamentarios de la oposición cuestionan su postura en materias de DDHH.
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"La razón que invoqué fue que el aforado había sido sobreseído definitivamente por la Corte Suprema por "locura o demencia" y que esa resolución producía el efecto de la cosa juzgada", señala sobre su oposición al desafuero del ex dictador Augusto Pinochet por causas de DDHH.
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En la oposición han cuestionado el alegato de la jueza a favor de Manuel Contreras y el voto que anuló un fallo que condenaba a Cencosud por cobros abusivos a sus clientes. "Yo no he aplicado la amnistía", señaló Chevesich.
Avisos
Senador DC Eduardo Frei llamó a los parlamentarios "a votar en conciencia", mientras que su par PS Fulvio Rossi dijo que apoyará la designación y que "hay sectores que quieren cobrarle cuentas" a la jueza.
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Los senadores de la falange aún no definen su postura frente a la postulación de la jueza como integrante de la Corte Suprema, pero dejaron en claro que, sea cual sea su voto, lo harán en bloque como signo de unidad.
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Esto podría tener incidencia en la resolución del recurso de nulidad presentado por el Ministerio Público con el objetivo de revertir la sentencia del Cuarto Tribunal Oral que absolvió al imputado de delito terrorista.
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Rosa Hidalgo Aguirre solicitó un crédito hipotecario, sin embargo fue rechazado. Lo extraño de este caso es que la mujer no figura en ningún registro legal de deudas. Aunque sí mantenía una deuda con el banco BBVA, que fue ingresada a "Servinco" en 2004.
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El tribunal de alzada capitalino, integrado por los ministros Juan Escobar, Gloria Ana Chévesich y el abogado integrante Jaime Guerrero estimó que la empresa es responsable por los malos ratos que tuvieron que vivir los 533 vecinos que viven en el sector, obligando a la compañía a pagar directamente a cada familia un total de $2 millones.
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