El recurso que busca impugnar el financiamiento de la educación superior de cerca de 200 mil jóvenes a causa de que sería discriminatorio deja en una complicada posición al gobierno, el que ya analiza opciones para poder implementar el beneficio y no quedar mal herido ante la ciudadanía.
Redacción
Son 289 mil 444 inscritos, los que aseguran que durante el proceso de preparación no recibieron información suficiente para determinar a qué casa de estudios postular.
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“La ley de educación superior va a ingresar en diciembre de este año. O sea, ya prontito”, dijo ayer la Presidenta.
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El principal argumento presentado en este recurso tiene que ver con que la forma de financiar el beneficio por parte del gobierno sería "inconstitucional", ya que beneficia a una serie de jóvenes, mientras que otros en idénticas condiciones quedarían fuera por cursar sus estudios en establecimientos que no cumplen las condiciones para recibir estos dineros.
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Incluso, integrantes del Consejo Consultivo estructurado por el Mineduc para presentar sugerencias para esta iniciativa, habían planteado “parcelar” el proyecto, y dilatar su discusión, con el objetivo de plantear con mucho más cuidado estos cambios.
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Las instituciones que quieran sumarse al beneficio deben tener al menos cuatro años de acreditación.
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"Esto permite que 330 mil alumnos puedan verse beneficiados: 200 mil por gratuidad y 130 mil por un aumento de las becas Milenio, llamadas ahora Milenio 2, que se destinarán a quienes pertenezcan al 50% más vulnerable", explicó el ministro de Hacienda.
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Al bajar el umbral, y poner como requisito la acreditación, entre otras cosas, el gobierno estaría “protegiendo” la gratuidad ante el escenario de que se declarara inconstitucional, a causa de que la entrega de este beneficio estaría basados en características objetivas.
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Son dos colectividades que están “a la izquierda y a la derecha” de la Nueva Mayoría. Suelen tener diferencias, pero en este momento está en juego el beneficio que el próximo año habría de beneficiar a cerca de 220 mil estudiantes vulnerables. Mientras la DC exige más gratuidad, el gobierno debe trabajar rápido, ya que este martes se vota en Congreso, en la subcomisión mixta, el apartado que determina cuánto dinero se considerará para entregar a las universidades.
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Este partido argumenta que esta fórmula no asegura recursos para los estudiantes más vulnerables.
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