Magdalena Sepúlveda, relatora de la ONU, pidió a nuestro país que supere la retórica de los derechos humanos y avance en derechos sociales, los cuales apelan "a la dignidad humana".
EFE
“Tenemos un conjunto de preocupaciones, primero por el caso de tortura de César Reyes. Es inaceptable que en este país hoy en día, personas de civil, en autos sin placa, detengan a jóvenes que se están manifestando", dijo la directora del instituto Lorena Fries
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Se invita a participar a estudiantes, egresados/as o titulados/as de carreras de pregrado de universidades chilenas acreditadas por la CNA, y que hayan realizado su tesis sobre derechos humanos.
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Lorena Fries sostuvo que los hechos relacionados con la detención de Reyes "nos hace recordar los peores métodos de la dictadura", por lo que "el INDH tiene la obligación de actuar".
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El organismo presentó una agresiva campaña de difusión para que las personas conozcan y exijan el respeto de sus derechos fundamentales y "vuelvan a su naturaleza humana".
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INDH recibió la acreditación con la letra A -correspondiente a la máxima calificación- por el trabajo realizado en sus tres años de existencia, en materia de promoción y protección de los derechos humanos en Chile.
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La acción judicial procedió luego de que la Corte de Apelaciones de esa ciudad acogiera, el pasado 13 de marzo, un recurso de amparo interpuesto por el INDH en favor de 31 reos.
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Un nuevo registro nacional de heridos por balines de pintura y el llamado del Colegio Médico y del INDH son solo algunas de las consecuencias al conocerse la lista de personas heridas tras la última marcha estudiantil gracias a una política institucional que ya había sido suspendida.
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La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos se reunió con un grupo de personas que resultaron con heridas por el uso de balines de pintura por parte de Carabineros, entre ellas las hijas del arquitecto Enrique Eichin, quien producto del balín finalmente perdió la visión de su ojo derecho.
Avisos
Mientras algunos aplauden el anuncio del gobierno de querellarse invocando la polémica normativa, otros coinciden con el Instituto Nacional de Derechos Humanos en el sentido de que ésta no ofrece garantías para los imputados.
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