Los 26 ministros del tribunal de alzada capitalino se manifestaron a favor de quitarle el privilegio del fuero parlamentario al legislador.
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La revista publicó en su edición de hoy una nota que relata cómo sucedieron los hechos que gatillaron la molestia de la Presidenta dado que, a su juicio, se dañaba su honra. Lejos de entender la decisión de la Mandataria, el medio advierte las inconsistencias de la acción penal, así como el efecto de cortar la libertad de expresión.
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Esto, pese a presentar esta acción penal en contra de la revista Qué Pasa como "ciudadana". Además, presentó como testigos a ministros de Estado, su jefa de gabinete y un asesor del comité de expertos que están revisando la demanda marítima boliviana.
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La mandataria insistió además en que presentó la querella a título personal, como ciudadana, y enfatizó en que respeta la libertad de expresión, pero a su vez especificó que también “creo en la ética y en la responsabilidad que deben tener los medios a la hora de informar”.
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Ante la Corte Suprema, el parlamentario busca apelar a la pérdida de sus beneficios como legislados, al enfrentar una querella por injurias y calumnias por el padre de Rodrigo Avilés.
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El parlamentario fue desaforado en el marco del proceso en su contra por haber injuriado al estudiante, el que estuvo postrado en coma inducido tras sufrir una lesión en su cabeza luego de haber participado en una marcha el pasado 21 de mayo.
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La siempre tirante relación del supuesto religioso con la prensa regaló un nuevo capítulo al final del juicio por injurias en su contra.
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El ex árbitro declaró que el ex presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) le habría presionado para perjudicar a dos clubes deportivos.
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En esta jornada el presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, Rolando Jiménez, declaró en el juicio en contra del evangélico, por injurias y discriminación. En un receso, Soto las emprendió contra la prensa.
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El parlamentario asegura que sólo emplazó al gobierno y a la Nueva Mayoría, los que en diversas ocasiones habrían “criminalizado la acción policial”.
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