La libertad de expresión es, para la Presidenta Michelle Bachelet, “un valor central de la democracia”. Sin embargo, muy enojada, en medio de su viaje a Francia, donde sus actividades en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) quedaron completamente en último plano, la mandataria precisó que con la querella en contra de la revista Qué Pasa y cuatro de sus periodistas, “estoy haciendo uso del derecho a defenderme, a defenderme de mentiras e injurias que afectan lo más preciado que tiene una persona: su honra”.
Todo esto, después de que la mencionada publicación subiera a su sitio web una transcripción de escuchas telefónicas realizadas al gestor inmobiliario y ex operador político UDI, Juan Díaz, donde éste vinculaba a Bachelet con mil millones de pesos, generados en el contexto del caso Caval.
“He presentado una querella como ciudadana, como Michelle Bachelet Jeria, porque no puedo aceptar que se inventen públicamente falsedades evidentes contra mi persona”, manifestó la mandataria.
Pese a esta calidad de “ciudadana”, en la querella que actualmente será conocida por el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, la mandataria fijó como domicilio el Palacio de La Moneda, y no su residencia en la comuna de La Reina.
Asimismo, al ser una acción penal de carácter privado, se ofrecen como testigos ante el tribunal al vocero de gobierno, Marcelo Díaz, a la jefa de gabinete, Ana Lya Uriarte, y al asesor ante la demanda boliviana, el periodista Ascanio Cavallo.
En el escrito, patrocinado por el abogado Juan Pablo Hermosilla, se busca acreditar la responsabilidad del director del medio, Juan Pablo Larraín, del editor Francisco Aravena y de los reporteros Rodrigo Vergara y María José Tapia, en el delito de injurias graves con publicidad.
Es más: en el escrito se piden penas de tres años de presidio, y multas que podrían ascender a 7 millones de pesos.
