"Ha llegado la hora de reformar el sistema de salud privado como lo hemos señalado tantas veces", dijo el ministro de Salud, agregando que las regulaciones necesarias "tienen que ver con los seguros, así como con los prestadores y la relación entre ellos".
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“Una cosa es la discusión política y otra es el ataque personal y discriminatorio que hace el ministro Mañalich contra el senador Jovino Novoa. No entendería que el Gobierno guarde silencio y, por eso, le pido al ministro del Interior que se pronuncie al respecto”, dijo.
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El titular de Salud posteó esta mañana en la red social, luego de que el senador acusara al Gobierno de no defender los principios de la centro-derecha.
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El ministro de salud cuestionó el rechazó a los llamados puntos clave de la iniciativa que se ligan con el IPC de la salud y un Plan garantizado. Dijo que los grandes perdedores son los pacientes y que "ganan" los prestadores y los candidatos presidenciales.
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La gran mayoría de los artículos como el IPC de la salud y que requerían quórum calificado fueron rechazados por lo que deberán definirse en la Cámara Alta. El ministro de salud, lamentó la "poda" que sufrió la iniciativa ya que "se ha votado en contra los dos elementos centrales de la ley".
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Por 51 a favor y 44 en contra la sala de la Cámara Baja aprobó el Proyecto Ley que modifica el sistema privado de salud. Pero varios numerales se votaron por separado rechazándose gran parte de ellos, por lo que deberán definirse en el segundo trámite.
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La DC planteó modificaciones al IPC de la salud, garantizar que no habrá discriminaciones y cobros abusivos en planes complementarios, límite a la rentabilidad; y término de la integración vertical.
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Tras el dictamen en contra de las alzas unilaterales de planes, el ministro de Salud acudió a la Cámara de diputados para reimpulsar el Plan Garantizado de Salud (PGS) que incluye la puesta en marcha del IPC de la salud que permita reajustar los precios en función de indicador objetivo.
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Según el ministro de Salud, "la Suprema le pone un candado bastante duro, se trata de una legislación universal. La Corte señala que todo aumento de plan de precios que se haga y que no esté ingresado por una cuestión objetiva es ilegal y por lo tanto se acabó".
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El proceso de licitación se cerró el 31 de diciembre pasado con la recepción de ofertas de las empresas interesadas, recibiendo 10 propuestas de empresas nacionales e internacionales.
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