Asimismo, el diputado planteó respecto de los casos de financiamiento irregular de la política, que “no se pueden repetir situaciones que todos veían y nadie hacía nada”.
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La ex candidata presidencial del gremialismo estima que se debe hacer un mea culpa. Éste no sólo debe estar centrado en su colectividad, sino que debe ser transversal en la política. Tan transversal como se asegura que ha sido el esquema de financiamiento político irregular.
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El presidente del gremialismo confesó que los hechos durante el 2015 golpearon fuertemente al partido, por lo que ya se trabaja en una renovación que supone "también un trabajo distinto y una imagen diferente".
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La filiación política de la gente que recibió pagos vinculados con actividades políticas se desgrana en un 45% para el gremialismo, 11% a RN, 11% a la DC, 10% al PRI, 8% al PS, 7% al PR y 3% al PPD.
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El diputado gremialista, cuya voz se hizo sentir cuando logró que el Tribunal Constitucional impugnó la gratuidad que planteó el gobierno, también entrega una hoja de ruta para el partido, ya que se valora la experiencia de los dirigentes históricos de la colectividad. Sin embargo hoy “la cancha es otra”.
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De acuerdo al presidente del gremialismo, Hernán Larraín, cada una de estas situaciones tiene carácter de único. “Unas tienen una proyección personal; otras se hicieron para beneficiar a la institución”.
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El tribunal estimó que el recurso que presentó la Fundación Ciudadano Inteligente habría presentado deficiencias formales y solicitudes inadmisibles.
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Y es que según el parlamentario, "el Tribunal ha tomado un camino que yo respeto, que me parece que está fundado en una lógica que es valiosa, que es que frente a hechos generalizados, aquí no ha habido enriquecimiento, sino que hubo una mala forma de financiar campañas políticas".
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Guillermo Ramírez, secretario general del partido, salió al paso de los cuestionamientos tras darse a conocer el dictamen.
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El tribunal supremo del partido consignó en su resolución que "entiende que no le cabe formular reproches a sus dirigentes o militantes que, para financiar la actividad política, se limitaron a actuar de esa forma que, hasta ahora, fue práctica generalizada, conocida y aceptada por todos los sectores”.
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