El efecto que debía tener este fármaco era prevenir enfermedades derivadas del Virus del Papiloma humano.
Redacción
Ya nadie hace oídos sordos ante la palabra “crisis” cuando hay que referirse a lo que sucede en el Ministerio de Salud. Entre los cambios constantes a las metas de construcción de hospitales, la incerteza de la reforma al sistema privado, los dimes y diretes del fallido gravamen de los exámenes, las listas de espera, se suma un endeudamiento sin precedentes en la cartera.
Columnista
En medio de críticas a la gestión de la secretaría de Estado dirigida por Carmen Castillo, quien recibirá una acusación constitucional en esta jornada, el Ministerio comunicó a la Cámara de Diputados que los compromisos de los hospitales públicos es un "problema de Estado no resuelto".
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La oposición presentó una acusación constitucional para destituir a la ministra de Salud Carmen Castillo, y algunos diputados de la Nueva Mayoría están evaluando su apoyo.
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La baja del presupuesto de salud provocó que parlamentarios del oficialismo estén analizando el apoyar la Acusación Constitucional. Esto, entre otros motivos, a causa de que algunos hospitales de sus circunscripciones quedarían sin construir.
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La salida del cargo se da en medio de múltiples críticas que el Ministerio de Salud ha recibido respecto de materias de gestión hospitalaria, como el retraso en la concesión de hospitales, entre otras cosas.
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Es por ello que se estudia "una modificación a un artículo de la Ley para incorporar farmacias comunales que tengan la posibilidad, a través de las alcaldías, de vender este tipo de productos", y así "fortalecer a los municipios" legalmente.
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La tendencia observada, sin embargo, también se replica en otros grupos etarios, aunque, según el ministerio de salud, también puede atribuirse a un aumento en el testeo y detección de la enfermedad.
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En medio de la interpelación a la titular de la cartera, Carmen Castillo, el parlamentario Javier Macaya, cuestionó el gasto de la secretaría de Estado por este aspecto, ya que sus sueldos promedio se sitúan entre los 2 millones 300 mil y 2 millones 500 mil pesos.
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En la interpelación a la ministra del ramo, Carmen Castillo, se repiten diversos temas que han sido problemas en las diversas administraciones del gobierno. La principal pregunta es si acaso todo responde a un problema técnico o político. Lo único a lo que contribuirá la intervención de la secretaria de Estado ante el Congreso es a aclarar el estado del sistema, que ya se avizora malo. La solución de estos problemas apuntan también a materias de gestión.
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