Para el Mandatario la explicación de este incremento en su fortuna se debe a su colección de ponchos andinos, los cuales le son regalados en sus giras por el país.
Omar Astudillo, magistrado civil de la Corte Marcial, pretende establecer rentas, ingresos, bienes muebles e inmuebles, inversiones, iniciaciones de actividades ante el fisco y sociedades de las que son parte estos uniformados. Esto apunta a que si se apropiaron indebidamente de platas del Estado.
La ministra (s) de la Secretaría General de la Presidencia, Patricia Silva, precisó diversos aspectos del sistema en el que se debía publicar la información de los funcionarios, entre las cuales estaba la posibilidad de no mostrarla íntegra. En esto habrían caído una serie de ministros y subsecretarios que parecían ampararse en la protección de su información, catalogándola como "dato personal no público", pese a que Bachelet entregó en marzo del 2015 un instructivo ampliando los datos que debían ser públicos.
Esta misma mañana fue lanzada la convocatoria ciudadana para devolver a la ciudad estos verdaderos íconos, ceremonia que se hizo en el acceso Pedro de Valdivia del Parque Metropolitano.
Con esto, el Ministerio de Bienes Nacionales ha puesto en marcha la Ruta Patrimonial “Huellas de Pablo Neruda en Temuco”, que además es parte del Plan de Infraestructura y Desarrollo Territorial para la Región de La Araucanía.
El título de esta columna, esa frase tan poderosa, se puede leer arriba de la puerta 8 del Estadio Nacional de Santiago. Por ahí salían los prisioneros de la dictadura a sentir un poco de luz solar. Luego volverían a entrar para ser torturados, asesinados o redirigidos a otros centros de detención.
Las autoridades, de cualquiera de los tres poderes del Estado, deberán valorizar específicamente sus bienes. Además, si tienen un patrimonio superior a las 25 mil UF (algo menos de 635 millones de pesos), deberán traspasar la administración de sus acciones, o eventualmente dejarlo en dominio de otra persona o institución.
Esto está en el marco de la Agenda de Probidad y Transparencia del gobierno, que además considera que se debe actualizar la nómina de militantes y también se deroga la prohibición de dar órdenes a los parlamentarios, entre otras cosas.