"A menudo hay doble estándar en la derecha y en la izquierda. Si alguno cometió un error, que le den la oportunidad de mostrar arrepentimiento", precisó el religioso invitado al acto organizado por un grupo de violadores a los derechos humanos.
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Sin embargo, reiteró su postura de indultar a los violadores de derechos humanos que tengan una edad avanzada y enfrenten problemas de salud.
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La activista afirma que el derecho internacional establece hoy diferencias entre un criminal común y un violador de Derechos Humanos y que, al mismo tiempo, pone tres condiciones adicionales para estos que hoy no se cumplen.
Daniel Martínez G.
Si bien la mayoría de los condenados que pedirá perdón son subalternos, se especula que Raúl Iturriaga Neumann, uno de los máximos líderes de la DINA, tomará la palabra en el acto, mientras que el nombre del ex fiscal Fernando Torres Silva también ha salido a la palestra.
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El columnista cuestiona que "¿cuál es el sentido de privar de libertad a quien ya no es capaz de experimentarla ni anhelarla? El criminal ya no está ahí".
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Este grupo de gente asegura que con esto la Presidenta Michelle Bachelet “tiene la oportunidad histórica de dar señales de reconciliación”.
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En una carta a El Mercurio, el senador asegura que no se refiere a el perdón, y afirma que “mi posición se funda en que como Estado y como sociedad no podemos perder de vista que cualquier ser humano, independiente de lo que haya hecho, merece consideración y misericordia, especialmente en los casos que describo”.
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"Hemos estado siendo testigos, no sólo en Punta Peuco, sino también en otros penales del país, que hay personas que están con condiciones inhumanas y que Gendarmería no tiene la posibilidad de atenderlos por la situación tan gravosa de su salud", declaró Jorge Ulloa.
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El fin de semana, Jaime Campos manifestó que “éste es un tema de la máxima importancia y no hemos tenido el coraje para abordarlo”, cuando se le preguntó respecto de los condenados enfermos y con dolencias terminales, lo que finalmente se relaciona con la situación de algunos presos por delitos de lesa humanidad.
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Según informó Gendarmería, seis tienen menos de 60 años, 17 entre 60 y 65 años y 93 son mayores de 65 años
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