El profesional que representa a militares procesados o condenados por causas de violación de Derechos Humanos no descartó pedir cooperación a partidos políticos.
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Gabriel Boric señaló que la iniciativa, rechazada por RN y la UDI, destaca que "todos los ciudadanos son iguales ante la ley y es absolutamente injustificable que existan centros de retención con privilegios especiales, en particular para violadores de los derechos humanos".
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El Dínamo tuvo acceso a las pensiones que reciben algunos de los militares detenidos en Punta Peuco, que llegan hasta los dos millones de pesos.
Daniel Martínez G.
"A los militares condenados por causas asociadas a los derechos humanos en años turbulentos del pasado o en la lucha contra el terrorismo, simplemente se les ha negado el debido proceso y la aplicación igualitaria de la ley. Mientras criminales terroristas de ayer gozan de impunidad..."
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El fallo de la Corte de Apelaciones indica que "los 82 funcionarios destinados a Punta Peuco no guarda relación con los 44 internos que cumplen condena en dicho establecimiento, el que podrían incorporarse de manera satisfactoria los que purgan penas en el Penal Cordillera".
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Se trata de la primera sentencia en una causa por violación de DD.HH. en los tribunales de Chillán, y se logró tras un recurso de casación presentado por la abogada del Programa de Derechos Humanos, Patricia Parra.
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Este hecho fue cuestionado por Manuel Guerrero Antequera, quien declaró que "resulta sumamente violenta esta situación", pues "se trata de un crimen de lesa humanidad y se les aplica un reglamento pensado para presos comunes... no hay comparación, para personas que atentaron contra la vida y además fueron recluidas en una cárcel especial, que obtengan más beneficios que los presos comunes".
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El jurista se vio envuelto en una polémica tras ofrecer, a nombre de los ex uniformados, información sobre DD.HH. a cambio de beneficios para los militares condenados, cuestión que luego fue negada por los reos del penal.
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Se trata de Luis Gajardo Arenas, de 81 años, acusado por el asesinato el 16 de septiembre de 1973 del alcalde de Chillán, el militante PS Ricardo Lagos Reyes, de 47 años, de su esposa Alba Ojeda Grandón, de 29, además de su hijo Carlos Lagos Salinas, de 20.
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Manuel Contreras Valdebenito negó los dichos del abogado de su padre acerca de entregar información sobre el paradero de detenidos desaparecidos a cambio de beneficios para los ex militares encarcelados.
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