Cabe recordar que el pasado 3 de marzo pasado el Tribunal Ambiental ordenó a la SMA sancionar por separado cada una de las infracciones lo que llevaría a que la minera canadiense deba pagar un monto mayor de multa.
Redacción
La firma que será representada por el abogado Juan Antonio Urrutia defenderá el proceso desarrollado por la SMA, que culminó en una sanción ambiental de US$16 millones y que luego fue anulada por el Tribunal Ambiental.
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El presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara pidió investigar la evaluación del impacto que tendrán las obras del proyecto en el estero San José, así como la relocalización de personas en el pueblito de Alfalfal y la elaboración de un estudio de impacto de cambio climático, entre otros.
Paulina Hidalgo
Este mall se debió haber sometido al SEIA, lo que en su oportunidad señaló la autoridad ambiental competente. A pesar de ello, por algún motivo muy curioso, este voluminoso equipamiento comercial que contempla más de 2.000 estacionamientos ha vulnerado la ley.
Columnista
El organismo liderado por Cristián Franz, triplicará su cantidad de funcionarios, duplicará su presupuesto y apuesta por tener oficinas en todo el país. Además la unidad de sanciones se transformará en una división, similiar al área de control.
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Un informe elaborado por el abogado y ex miembro del Tribunal Constitucional y presentado a la Superintendencia de Medio Ambiente, apunta que el cierre resulta desproporcionado, arbitrario, y vulnera derechos constitucionales.
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A través de un informe se denunció cómo la minera ocultó a las autoridades ambientales chilenas información esencial sobre daños al medioambiente y confirman manipulación de datos para evitar la revocación de los permisos ambientales del proyecto.
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El diputado DC Roberto León dijo que la la planta de paneles de la empresa "se está deshaciendo de los desechos industriales y de riles altamente peligrosos por la vía de enterrarlos dentro de los propios terrenos de la empresa y en terrenos aledaños a ella”,
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El recurso, presentado por el abogado representante de la firma, José Antonio Urrutia, ahora deberá ser derivarlo a la Corte Suprema, trámite que podría demorar una semana.
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Organizaciones comunitarias e indígenas exigieron a la Superintendencia de Medio Ambiente que no recurra de casación a la Corte Suprema, impugnando el fallo de los Tribunales Ambientales sobre el proyecto pues solo constituiría una nueva demora.
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