El organismo acogió de manera parcial el requerimiento presentado por parlamentarios de oposición en contra de la glosa presupuestaria que financiará el beneficio a partir de 2016.
Redacción
"Nos preocupa que el TC haya decidido declarar inconstitucionales las exigencias pedidas a las instituciones antes de darles recursos. ¿Cómo podrá el Estado invertir la plata de todos de manera criteriosa, si eventualmente el TC podrá decir que es una discriminación arbitraria?".
Columnista
Entre las 15 y las 19 horas, los ministros se reunirán a deliberar y adoptarán una resolución, la que debiera ser comunicada públicamente cerca de las 19:30 de esta tarde.
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El próximo 10 de diciembre asistirán los abogados del gobierno y de los parlamentarios de oposición que presentaron el requerimiento. La sentencia será comunicada el 23 de diciembre.
Redacción
El Ejecutivo, a través de diversas intervenciones de ministros, aseguró que es una posibilidad real iniciar la entrega de este beneficio a los estudiantes de las universidades del Consejo de Rectores. La oposición, que presentó la impugnación a la forma de financiar la educación de estos estudiantes, planteó que la postura del gobierno responde a un "chantaje".
Redacción
El Tribunal Constitucional acogió a trámite la solicitud hecha por parlamentarios de la oposición que creen que el proyecto de gratuidad del gobierno contradice la Carta Magna. Expertos en educación dan sus argumentos de por qué esto podría ser así y cómo afectará a los alumnos que acaban de dar la PSU.
Hernán Melgarejo
Por su parte Raúl Guzmán, jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur, sostuvo que la presentación del TDLC es "inédita", ya que no tiene sentido mantener la reserva de los antecedentes, puesto "que ya existieron delaciones, o sea reconocimiento, de las acciones ilícitas (...) y ya han sido publicadas".
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La impugnación que presentaron parlamentarios de Chile Vamos se basa en que esta forma de financiar la educación superior de cerca de 200 mil estudiantes sería discriminatoria.
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El recurso que busca impugnar el financiamiento de la educación superior de cerca de 200 mil jóvenes a causa de que sería discriminatorio deja en una complicada posición al gobierno, el que ya analiza opciones para poder implementar el beneficio y no quedar mal herido ante la ciudadanía.
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Y es que el TDLC busca frenar que el Ministerio Público, a través de la Corte de Apelaciones de San Miguel, pueda tener acceso a los antecedentes y documentos reservados sobre la investigación que lleva a cabo por colusión.
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