Decisiva jornada ante el Tribunal Constitucional: Gobierno y Oposición debaten por la Gratuidad 2016

“En marzo de 2016 va a existir gratuidad en educación”. Así de tajante fue la mandataria Michelle Bachelet, después de que su administración presentara parte de su argumentación ante el Tribunal Constitucional, para defender el financiamiento de la educación superior de una serie de estudiantes a través de la ley de presupuestos.

La oposición presentó un recurso en contra de esta forma de costear los estudios de cerca de 200 mil estudiantes, ya que sería discriminatoria. El fundamento principal de ellos responde a que el Estado, a través de una glosa o apartado que norma el uso de cierta cantidad de dinero para una materia determinada, financiará a unos alumnos y no a otros, en condiciones idénticas, quienes no podrán ser parte del beneficio por estudiar en una institución que no podrá sumarse a la gratuidad al no cumplir con las exigencias que planteó el Ministerio de Educación (no tener fines de lucro, acreditación de 4 años o más y la participación de estudiantes, profesores y trabajadores en la toma de decisiones).

Ayer expusieron gran parte de la mañana una serie de representantes de todos los actores involucrados en esta materia: estudiantes, rectores, abogados de la oposición y del oficialismo.

Sin embargo, hoy, ante el Tribunal Constitucional, cuya conformación presenta una cierta sensibilidad favorable hacia la Derecha en Chile, alegarán los abogados que representan al gobierno y a los diputados que presentaron la impugnación.

El gobierno mencionó en un documento ante el Tribunal Constitucional una serie de políticas gubernamentales que fueron financiadas a través de glosas del presupuesto: el ingreso ético familiar, becas de educación superior, la infraestructura de los liceos bicentenarios de excelencia, glosas de gobiernos regionales, becas Fondef (Conicyt), entre otras.

Además, en el documentos trataron diversos puntos. Por ejemplo, se indicó que si no se acoge lo que plantea el gobierno, habrán “resultados devastadores: se les negará a los jóvenes de menores ingresos de las universidades privadas no tradicionales, y de los CFT e IP (…) acceder a educación superior gratuita de calidad”. O que “las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y, consecuencialmente, diversas para aquellas que se encuentran en situaciones diferentes”.

O sea, las instituciones agrupadas bajo el Consejo de Rectores y el resto de las universidades serían grupos distintos “no comparables”. Aseguran además que no es una norma permanente, y que las universidades “voluntariamente” se acogerán a la gratuidad (pese a que algunas de estas consideran que el cambio en la entrega de los recursos las complica en términos presupuestarios para el 2016).

El diputado Jaime Bellolio, uno de los representantes del grupo de parlamentarios que presentó la impugnación, aseguró que la argumentación del Ejecutivo “sólo se hace cargo de una de nuestras objeciones, de la que tiene que ver con que esto no puede hacerse mediante la Ley de Presupuestos, y no de la discriminación arbitraria, la más evidente inconstitucionalidad”.

De acuerdo a La Tercera, los alegatos comenzarán a las 10:30. Los abogados son Arturo Fermandois, por los parlamentarios de Chile Vamos, y Paulina Veloso, por parte de La Moneda. Entre las 15 y las 19 horas, los ministros se reunirán a deliberar y adoptarán una resolución, la que debiera ser comunicada públicamente cerca de las 19:30 de esta tarde. La redacción del fallo se conocerá, según Radio Bío-Bío, cerca del 23 de diciembre.