Gratuidad para la educación superior: punto de no retorno

Por Mathias Gómez y Cristián Miquel, investigadores de Política Educativa de Educación 2020

La polémica instalada sobre la gratuidad en la educación superior para el año 2016 se encuentra en un punto crítico. En un nuevo capítulo, el día de ayer el Tribunal Constitucional (TC) habría acogido en parte el requerimiento de inconstitucionalidad de la glosa del presupuesto que regula su aplicación, aumentando las incertezas sobre lo que ocurrirá, aún con la Presidenta de la República asegurando que la gratuidad el 2016 va.

Si bien la aplicación de la gratuidad vía presupuesto nos parecía precipitada –y así lo dijimos–, creemos que este revés sólo puede empeorar el panorama. Sin criterios para la gratuidad, el nuevo escenario exige una serie de transformaciones a la educación superior: mejorar el sistema de acreditación, crear la subsecretaría de educación superior, exigir transparencia activa -en especial financiera- de parte de las instituciones, cambiar el sistema y la lógica de financiamiento, sólo por mencionar las más urgentes. Sin estas exigencias no es posible asegurar la calidad del sistema ni evitar que haya lucro con recursos públicos.

Lo que el TC habría considerado contrario a la Constitución son, precisamente, las exigencias que se habrían pedido a las instituciones que quisieran ingresar a la gratuidad el 2016. Es importante recordar que el TC no tiene la atribución de aumentar los recursos que se destinarán a esta política –sólo le corresponde al Ejecutivo– por lo tanto, la discusión está restringida a la distribución de estos recursos. A pesar de que algunos parlamentarios han dicho lo contrario (extraña su desconocimiento), el TC no puede obligar a que más estudiantes reciban gratuidad.

Entendido esto, las opciones que el gobierno tendría para insistir en la implementación de la gratuidad son tres: aumentar las becas, aumentar los aportes basales para las universidades del CRUCH, o sólo a algunas de ellas (las estatales, por ejemplo). Todas tienen graves deficiencias.

Aumentar los recursos a becas ya existentes es “más de lo mismo”. Significa inyectar más recursos públicos a un sistema de educación superior mercantilizado y desregulado, donde conviven instituciones de calidad con otras que ni siquiera se han sometido a los procesos de acreditación, donde los mecanismos de ingreso reproducen desigualdades socioeconómicas y más aún, donde hay varias instituciones lucrando, incluso legalmente en CFTs e IPs, o bien tensionando al máximo la regulación para lucrar de forma ilegal, como sería el caso de algunas universidades.

Los aportes basales sólo para el CRUCH, en tanto, no resuelven la alegada discriminación que originó que esta medida haya llegado al TC, pues mantiene el financiamiento para un grupo de universidades y deja de lado a instituciones técnicas que cuentan con los años de acreditación y están constituidas sin fines de lucro.

Seamos claros. Cualquier medida que se implemente en la educación superior deberá discriminar, elegir, priorizar o racionalizar el gasto. Dígalo como quiera, pero todas las alternativas se someten al mismo límite de recursos. No queremos que la gratuidad termine por financiar nuevas Universidades del Mar que puedan desmoronarse en el futuro, dejando a miles de estudiantes y sus familias en la incertidumbre y el abandono.

Por eso debemos asegurar que esa elección no sea arbitraria o antojadiza, sino que obedezca a buenas razones. En este sentido, el nivel de vulnerabilidad social de los y las estudiantes beneficiados con la gratuidad y la calidad del servicio de las instituciones que reciban los recursos (acreditación, participación, regulación de aranceles, etc.) son elementos que en cualquier escenario deben estar arriba de la mesa. Obviarlos o dejar alguno fuera no hará otra cosa que profundizar la crisis del sistema.

Seamos sinceros. Quienes llevaron la discusión al TC estuvieron en contra de la gratuidad desde un inicio y durante todo el debate parlamentario. Que ahora recurran a esta instancia afirmando que con eso beneficiarán a más estudiantes no sólo es un error jurídico –el TC no puede hacerlo–es también un contrasentido, una postura contraria a lo que defendían tan sólo hace unas semanas.

Nos preocupa que el TC haya decidido declarar inconstitucionales las exigencias pedidas a las instituciones antes de darles recursos. ¿Cómo podrá el Estado invertir la plata de todos de manera criteriosa, si eventualmente el TC podrá decir que es una discriminación arbitraria?

El ejercicio normal del Estado al momento de gastar involucra una decisión sobre el dónde y el cómo usar el dinero. En Educación 2020 creemos que no hay mejor inversión que la educación, sin embargo, es indispensable resguardar que esta sea de calidad, y no seguir poniendo dineros de todos en sacos rotos.