La Presidenta sostuvo que "es inaceptable" que prácticas de este tipo no puedan ser sancionadas con penas de cárcel porque "afectan directamente el bolsillo de los chilenos".
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Claro Chile solicitó una multa a beneficio fiscal de 5 mil Unidades Tributarias Anuales, es decir, cerca de 2.500 millones de pesos, dada la gravedad de la conducta.
Daniel Martínez G.
Cleaner solicita al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que la firma ponga término a estas prácticas y que sea sancionada con el máximo de la multa, es decir cerca de US$ 20,4 millones. Esta acción legal se suma a las ya iniciadas por Comercial Canada Chemicals S.A y la FNE.
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De acuerdo a la información publicada por la Subtel, el costo por minuto de una llamada entre telefónos móviles de diferentes empresas no podrá superar los $ 60 pesos.
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La resolución judicial, si bien supone revocar la sentencia previa del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, estipula dos medidas de mitigación para autorizar la operación.
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El organismo prohibió a las empresas que comercialicen planes con precios distintos por las llamadas on-net y off-net, tampoco podrán entregar cantidad diferentes de minutos según si estos se utilizan para llamadas a usuarios de su misma red o de otras redes móviles.
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En comunicado público, la empresa señala que "la empresa cuenta con un plazo de 10 días hábiles para interponer eventualmente un recurso de reclamación ante la Corte Suprema, materia que aún no ha sido punto de análisis".
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Luego que hace más de un mes se ratificara la multa en contra de las farmacéuticas Salcobrand y Cruz Verde por coludirse para subir el precio de 200 remedios, sólo la primera cumplió con el pago. La autoridad dio cinco días hábiles a Cruz Verde para que pague.
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La Fiscalía Nacional Económica exige una multa de $476 millones a cada firma junto a la exigencia de que den pie atrás a las operaciones de concentración realizadas en Estación Central, Valparaíso y La Reina, dejando al menos una de las salas que están en esas comunas para que se instale un tercer actor.
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Según la Fiscalía Nacional Económica, las navieras chilenas, Compañía Sudamericana de Vapores y Compañía Chilena de Navegación Interoceánica, han participado de Conferencias internacionales en las que acuerdan sus tarifas, las que son más altas que se establecerían bajo las reglas de la libre competencia.
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