El presidente de Perú, José Jerí, declaró estado de emergencia en Lima y la ciudad vecina de Callao a partir de la medianoche de este miércoles.
En su anuncio el mandatario explicó que la medida se extenderá por un total de 30 días y que su objetivo es combatir la crisis de seguridad que se encuentra viviendo el país.
La decisión fue uno de los principales causantes de la destitución de la ahora ex presidenta Dina Boluarte, el pasado 10 de octubre, lo que dio paso a Jerí como presidente interino. Sin embargo, el cambio presidencial no fue suficiente para acabar con las protestas en el país, que se venían llevando a cabo desde hace algunas semanas y que ya registran 100 personas heridas y un muerto desde que asumió el nuevo mandatario.
“Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú“, indicó en su discurso el mandatario. “Pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen. Una lucha que nos permitirá recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de millones de peruanos. Las guerras se ganan con acciones, no con palabras“.
Qué implica el estado de emergencia decretado en Perú para Lima y Callao
La imposición del estado de emergencia en Lima y Callao permite al gobierno restringir o suspender ciertos derechos como la libertad de tránsito y de reunión. Lo que no se ha detallado aún son las medidas que se adoptarán para combatir la delincuencia durante el período de 30 días.
Algunas versiones que aparecen de medios peruanos aseguraron que se incluirán restricciones a las visitas en las cárceles, “apagones eléctricos” en las celdas y la destrucción de antenas de comunicación ilícitas.
Asimismo, el diario oficial El Peruano informó que “las actividades religiosas, culturales o deportivas de carácter masivo deberán contar con autorización previa de las autoridades competentes, mientras que los eventos no masivos podrán realizarse sin permiso”.
“Se ejecutarán intervenciones en mercados ilegales relacionados con la trata de personas, tráfico de drogas, armas, autopartes y comercialización informal de chips telefónicos o celulares vinculados a casos de extorsión y secuestro”, añadió.
