Hace 35 años, a la salida del Campus Oriente de la Universidad Católica, el Frente Manuel Rodríguez intentó acallar al senador Jaime Guzmán, convirtiéndolo en el único político chileno martirizado desde el retorno a la democracia. ¿La razón? Haberse opuesto a una reforma constitucional que permitía al Presidente indultar a condenados por delitos terroristas. En 2026, Chile sigue discutiendo sobre esta prerrogativa, por lo que conviene profundizar en ella.
En esta columna no quiero caer en la tentación de especular qué hubiera dicho Jaime Guzmán si viviera, pero sí me tomaré el permiso de citarlo. Ante todo, fue un católico, y por ello tuvo siempre presente la importancia del perdón y la necesidad de distinguir entre justicia y venganza. Al respecto escribió: “Quien castiga, o bien busca o aprueba que se castigue, sólo podrá estar haciendo o procurando auténtica justicia, en cuanto su alma se encuentre ajena a todo rencor. El sello más noble de la justicia –de parte del afectado por el delito– conlleva el perdón interior, ciertamente no opuesto a que la falta se sancione” (Revista Ercilla, 2 de enero de 1985).
En efecto, cuando una víctima guarda rencor, prolonga su propio sufrimiento. Por eso la consigna “sin perdón ni olvido”, adoptada por sectores de la izquierda radical, resulta dañina para sanar el alma nacional. El perdón es necesario para la paz, y no se opone a evitar la impunidad. Tal como dijo San Juan Pablo II, “no hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón”. Adoptar este enfoque ayudaría a construir una sociedad con menos odio y violencia.
Respecto de los indultos, no son más que una herramienta que permite, por razones distintas a la ley, liberar a un condenado. El propio Jaime Guzmán señaló: “Siempre cabrá que concurran antecedentes morales, humanitarios o sociales –coetáneos o sobrevivientes al fallo judicial– que no hayan podido evaluarse debidamente por éste. (…) De ahí que, universalmente, se estime lógico que alguna autoridad pueda ponderar estos eventuales elementos ‘supralegales’ o ‘extralegales’ que pudieren aconsejar el indulto, conforme a una apreciación más amplia de la equidad” (La Segunda, 8 de octubre de 1982).
Esto lo han entendido gobiernos de distintos signos, que han recurrido a esta facultad. El problema no es su existencia, sino cómo evitar un uso abusivo o discrecional por parte del Presidente. En esa línea, la ministra Chevesich, presidenta de la Corte Suprema, abrió el debate al proponer trasladar esta atribución a un consejo. Seguramente la discusión se ampliará, y algunos propondrán mantener el status quo de la Constitución vigente. Por lo mismo, vale la pena recordar la opinión del entonces profesor Guzmán: “Procurando armonizar el carácter necesariamente amplio del indulto, con la aplicación excepcional que de él debe hacerse para preservar la eficacia de las resoluciones judiciales, pienso que convendría limitar su otorgamiento, exigiendo –al menos para las penas de cierta envergadura– que el Jefe del Estado requiera del acuerdo, ojalá previo, de otro órgano diferente del Ejecutivo. Este podría ser la Corte Suprema resolviendo en conciencia, vale decir, sin atenerse al estricto marco de la ley que hubiere debido aplicar al conocer y juzgar el caso” (La Segunda, 8 de octubre de 1982).
Honrar el legado de Jaime Guzmán implica comprender que el perdón y la justicia no son excluyentes, sino complementarios. Al proponer órganos externos que validen los indultos, Jaime Guzmán no buscaba la impunidad, sino una apreciación más amplia de la equidad. En un Chile que aún arrastra heridas y consignas de división, avanzar hacia un sistema que pondere razones humanitarias con rigor institucional es un paso necesario para sanar el alma nacional y construir una convivencia libre de odio.
