La empresa agroindustrial Vicentin, intervenida la semana pasada por el Gobierno de Argentina como primer paso para una expropiación por su deuda de casi 100 mil millones de pesos, reaccionó a la decisión del presidente Alberto Fernández.
“El pasado lunes hemos sido sorprendidos por una decisión del gobierno argentino que entendemos injusta, arbitraria e ilegal. Una decisión que avasalla y atenta contra los derechos de la propiedad privada y le niega a una empresa argentina de larga y destacada trayectoria, el derecho a resolver su situación financiera en el marco que la ley prevé para dicho fin que es en el ámbito concursal”, señaló la empresa a medios locales.
El viernes, el gobierno trasandino rechazó una propuesta de los dueños de Vicentin, que buscaba que en lugar de la expropiación el Estado entre a la empresa como accionista.
“Confiamos en que las autoridades competentes recapaciten o intervengan oportunamente para reestablecer el estado de derecho y garantizar a quienes hemos invertido por décadas en nuestro país, que estamos amparados por sus leyes y no expuestos a decisiones arbitrarias carentes de fundamentos y de legalidad”.
Por su parte, Alberto Fernández defendió la expropiación de Vicentin. “Intento rescatarla porque hay 7.000 personas que trabajan allí, porque la ciudad de Avellaneda vive de Vicentin y porque es un operador muy importante; ese mercado es un mercado estratégico para el desarrollo de la Argentina”, sostuvo al medio Página 12.
Fernández aseguró que no hubo condiciones en la reunión con los dueños de Vicentin, quienes, según señaló, “ofrecieron colaborar y ayudar”.
Asimismo, los dueños de Vicentín aclararon que la empresa, a pesar de su complicda situación financiera, no dejó de pagar los sueldos.
