Luego de que el Senado aprobara este martes en general el proyecto de ley de Concesiones Eléctricas, no sin manifestar múltiples observaciones respecto de los derechos de los pueblos indígenas y los pequeños propietarios agrícolas que podrían verse afectados por esta nueva legislación, las organizaciones ambientales están a la espera de la votación del proyecto en particular, con la esperanza de que esta acoja sus demandas.
La Cámara alta aprobó la polémica iniciativa por 23 votos a favor, 3 en contra, 4 abstenciones y un pareo, tras los cual, el presidente de la Comisión de Minería y Energía, el RN Baldo Prokurica, manifestó que el proyecto va “en la línea correcta”, pues atiende a las necesidades energéticas del país, consigna Iep.org.
“Se ha proyectado por técnicos un crecimiento de la demanda de un 5.9% de la energía anual, lo que aumentará los requerimientos de suministro en cerca de cien mil gigas adicionales para el 2030. Hoy en Chile hay unos 62 mil gigas. Se concluye que Chile necesita más energía y energía más barata y limpia para ser competitiva y por eso que es fundamental disponer de un sistema de transmisión seguro, sin cuellos de botella y que permita llevar la energía desde los lugares donde se produce hasta donde se consume sin estos problemas”, explicó.
Derechos, ambiente y equidad
Los principales cuestionamientos de los senadores que participaron de la discusión estaban referidos a la necesidad de establecer una consulta indígena previa a las concesiones, particularmente en el caso de que las líneas atraviesen territorios indígenas o áreas silvestres protegidas.
Igualmente se subrayó la necesidad de aplicar precisiones respecto de los derechos legales a la defensa de parte de los propietarios afectados en salud o patrimonio, quienes debieran tener la posibilidad de hacer observaciones si las líneas afectan territorio contiguo a su propiedad.
Así lo señaló, entre otros, la senadora Isabel Allende, para quien “estamos hablando de concesiones eléctricas a las que vamos a darles todas las facilidades para que se agilice, pero eso no puede ser a costa de comunidades originarias, que no tengan en su momento dado la consulta, o buscar alternativas de trazado en el caso eventual que no va a ser tan frecuente, de que se atravesara un área silvestre protegida, o pequeños propietarios que no tienen las facilidades de una empresa, que tiene todos los elementos a su favor para tener los mejores técnicos y asesores”.
La directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, subrayó a su turno que las apreciaciones en contra del proyecto “no son temas solamente de naturaleza ambiental sino que vinculados al tema de la equidad sobre un proyecto de ley que pretende dar derechos superiores al sector eléctrico, que además son muy pocas empresas, a costa de los derechos de la mayoría de la población”.
Larraín señaló que esperará a la votación en particular del proyecto de ley, que debería realizarse en las próximas semanas, con la esperanza de que la nueva discusión considere las múltiples modificaciones advertidas por la mayoría de los senadores en la sesión y exigidas por organizaciones medioambientales.
