El Presupuesto de la Nación 2027, que representa una cuarta parte de nuestra economía y que comenzará a tramitarse en los próximos días, debe ser el presupuesto del trabajo. La emergencia laboral así lo amerita. Es un drama económico y social y debe ser abordado como tal, con medidas urgentes y excepcionales. La tarea no es fácil: bajar un punto de desempleo implica crear 105 mil puestos de trabajo.
Hasta el momento, el foco del gobierno y todo su capital político ha estado puesto en modificar el PIB de tendencia a partir de cambios estructurales como la mega reforma. A ella se sumarán encadenadamente otras reformas, como la nueva regulación para el mercado de capitales y, ojalá, al mercado laboral y la modernización del Estado.
Estos cambios en las reglas del juego traerán dividendos. De hecho, ya están despertando los espíritus animales de nuestra economía. Pese a un 2026 para el olvido, a la fecha se han aprobado cerca de 170 proyectos en el Sistema de Evaluación Ambiental por un total US$33.000 millones, récord absoluto desde que tenemos registros, los que generarán 40 mil empleos en la etapa de construcción, 22 mil permanentes y unos 100 mil empleos indirectos. Esto es una doble buena señal: por un lado, de los inversionistas, que quieren desarrollar proyectos en Chile y, por otro, del Estado, que avanza con mayor celeridad para destrabar la inversión. El 2027 se comenzarán a ver los frutos de este esfuerzo: la inversión crecerá un 8%, aumentando de un 23% a un 26% del PIB, con una economía creciendo al 3%.
Pero lo importante debe ser complementado con lo urgente. El gobierno puede hacer más para enfrentar esta profunda crisis laboral que se vive hoy. Las anunciadas reformas al mercado laboral que apuntan a una mayor flexibilidad regulatoria son las correctas, pero difíciles de aprobar y su efecto tardará.
En lo inmediato, el Ejecutivo tiene una herramienta poderosa para cambiar el escenario: el Presupuesto de la Nación. Al revisar la ejecución al segundo trimestre 2026, el gasto corriente aumentó apenas 1% comparado con igual fecha del año anterior. Eso es muy bueno porque muestra un ajuste importante comparado con el 5,4% de aumento promedio de los últimos años (6,9% 2023; 6,5% 2024; 2,7% 2025), lo que ayuda a ordenar las cuentas fiscales. El problema es que por otro lado el gasto de capital, destinado a inversión pública, se subejecutó en un -14%. Aun cuando siempre el primer año de cada gobierno hay menos ejecución, es tiempo de cambiar esa tendencia y usar la inversión pública de manera más intensiva para los últimos 3 meses del año.
Para el 2027, el Ejecutivo debe diseñar un presupuesto con un programa de inversiones que sea capaz de ejecutar, especialmente MOP, Vivienda y Salud, agregando subsidios más agresivos a la demanda de empleo o beneficios tributarios para la creación de trabajos formales. Esta mayor intensidad del gasto de capital exigirá recortes de gasto corriente en varias carteras, para que en total el presupuesto no crezca más de un 1% real. Este equilibrio transformará un presupuesto fiscalmente responsable también en un presupuesto reactivador.
Con todo, debemos ser cuidadosos con las expectativas. Llevamos 43 meses —3 años y medio— con cifras de desempleo sobre el 8%. Esta crisis laboral no solo se debe a la falta de inversión de los años anteriores, sino que muy especialmente a costos laborales excesivos, a los cambios tecnológicos y a algunos ajustes que hicieron las empresas luego de la pandemia. Por eso, la mayor inversión arreglará una parte del problema, pero los demás persistirán.
Las personas no pueden vivir de las expectativas del futuro, aun cuando sepan que será mejor. Muchas veces, el bienestar presente es condición necesaria para que los cambios de fondo se produzcan. Generemos esa posibilidad.
