Protestas comunitarias: Retraso en proyectos energéticos equivale a US$ 33.700

Los conflictos con las comunidades han afectado a nueve iniciativas eléctricas, que también han complicado nuevos yacimientos. En Chile, los yacimientos mineros paralizados equivalen al 40% de la cartera diferida en en los siete países mineros de la región. Revisa el panorama:

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Protestas comunitarias: Retraso en proyectos energéticos equivale a US$ 33.700
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El Ministerio de Minería junto a la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) hace una semana llevaron a cabo una actualización de la cartera de proyectos mineros, fijando la cifra de inversión que se materializarán entre 2013 y 2021 en US$ 112.556 millones. No obstante, se apuraron a subrayar que de ese total, el 56% (US$ 63.019 millones) ha sufrido algún tipo de retraso respecto de sus plazos originales.

A juicio del vicepresidente de Cochilco, Andrés Mac-Lean, el atraso de los proyectos puede deberse a diferentes motivos. “Pueden tener un permiso que se está atrasando, o pueden haber múltiples análisis”, detalla.

A su turno, Alberto Salas, timonel de la Sociedad Nacional de minería (Sonami) admite que se trata de un tema complicado y agrega que “no hay certeza de que dichos proyectos se concreten antes del año 2022″, consigna Emol.

Para el presidente del Consejo minero, Joaquín Villarino, el gran problema es que “no hay que perder de vista el costo que los atrasos tienen para las iniciativas, al punto que pueden convertirlas en inviables. Por ejemplo, en el caso de proyectos de tamaño medio (de la gran minería), la extensión en un año del período de desarrollo hasta el inicio de la producción puede implicar una caída de hasta 18% en el valor económico, lo que puede llevar a la compañía minera a desistir de la inversión”.

A nivel de la gran minería se responsabiliza de estas dilaciones a decisiones que vienen desde las matrices -en el caso de las compañías internacionales- y a las incertidumbres en el sector energético. Sin embargo, cifras de la Corporación de Bienes de Capital (CBC), indican que son los conflictos con las comunidades los que más han afectado la inversión sectorial.

Así indican que contabilizando sólo los proyectos eléctricos y mineros que han sido diferidos desde 2010 a la fecha, la cartera afectada por el rechazo de la población local llega a los US$ 33.725 millones. El 71% corresponde a iniciativas eléctricas, que complican directamente a tres inversiones mineras por US$ 2.412 millones: Inca de Oro (US$ 650 millones), San Antonio Óxidos (US$ 962 millones) y Lobo Marte (US$ 800 mills.).

Los proyectos mineros paralizados por acción de las comunidades, por su parte, alcanzan los US$ 9.900 millones, más de cuatro veces lo que se ha detenido a raíz de la incertidumbre energética, apunta la CBC.

Estas cifras, que no contabilizan los proyectos desechados o paralizados por la legalidad, como es el caso de Pascua Lama, iniciativa detenida por incumplir con exigencias de su Resolución de Calificación Ambiental, incluyen US$ 23.825 millones que han sido postergados o suspendidos y que se iban a destinar a iniciativas eléctricas.

Panorama regional

Los US$ 9.900 millones ligados al sector minero corresponden a la cifra más alta de la región, al tiempo que representan el 40% de la cartera de proyectos en pausa en los siete países con mayor desarrollo minero de América del Sur.

Y según la CBC, sólo comparando la cartera detenida por conflictos con las comunidades, Perú es el más cercano a Chile, con tres proyectos detenidos por un total de US$ 6.460 millones.La mayor inversión paralizada en ese país es la del proyecto Conga, en la región de Cajamarca.

Pese a que su Estudio de Impacto Ambiental fue aprobado a fines de 2010, la empresa Yanacocha ha enfrentado fuertes protestas de la comunidad, las que les han impedido partir con las obras. De hecho, la inversión de US$ 4.800 millones estaría muy cerca de ser cancelada.

En Colombia, en tanto, dos proyectos mineros que han sido diferidos por problemas con la sociedad, sumando US$ 4.029 millones. El 87% de la cartera paralizada se concentra en un yacimiento: La Colosa (US$ 3.500 millones).

Este proyecto aurífero ha tenido problemas con la obtención de los permisos ambientales, pero también las autoridades del Departamento de Tolima también han debido contener protestas de las comunidades y agrupaciones ambientalistas, que rechazan la instalación del mismo.

En Uruguay, en tanto, el proyecto, Aratirí, suma una inversión de US$ 3 mil millones en capitales indios. Pero la iniciativa ha debido enfrentar la resistencia de los pobladores de los tres departamentos en los cuales se ubicaría. La zona es principalmente agrícola y vería afectada fuertemente su actividad económica con su instalación.

En Ecuador los conflictos sociales detuvieron un proyecto, por US$ 1.100 millones. Es el yacimiento Fruta del Norte que fue aplazado por Kinross Gold, tras la falta de acuerdo en ese país para establecer un marco legal que permita la explotación del yacimiento.

Este proyecto ha enfrentado críticas de la población, aunque contaría con el apoyo del gobierno, que ya presentó un proyecto de reforma para la Ley de Minería y Equidad Tributaria, el que permitiría destrabar la negociación con la empresa. No obstante, el permiso de Kinross en el yacimiento venció el 1 de agosto pasado.

Mientras en Argentina poco menos de la mitad de la cartera de proyectos mineros, que en ese país suma US$ 23.778,7 millones, está en pausa. Pero en el país trasandino es sólo un proyecto el que está detenido por oposición de la comunidad: Navidad, por US$ 800 millones. El yacimiento de plomo está en peligro luego de cambios en el marco regulatorio y disputas con las autoridades y la población de la Provincia de Chubut. 

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