Casi medio centenar de organizaciones ambientalistas y ciudadanas del Chile y el exterior se sumaron como firmantes de una declaración pública que repudia el rol de la Empresa nacional del Petróleo (Enap) como un organismo que contribuyó “a sabotear la más importante iniciativa de conservacion de la biodiversidad y de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario de la Amazonía ecuatoriana conocido como parque Yasuní y presionar para que el Estado ecuatoriano desoyera el legítimo y urgente grito por la defensa de la vida en la Amazonía de dicho país”.
Para los firmantes, “el altercado entre los manifestantes por la defensa de la selva ecuatoriana y por los pueblos en aislamiento voluntario del Yasuni y el embajador de Chile en el cierre de las licitaciones de la XI ronda de otorgamiento de concesiones petroleras, obedece al sistemático sabotaje que ENAP y el Estado de nuestro país ha realizado, desde el comienzo de la presidencia de Rafael Correa, para que fracase la iniciativa Yasuní, contra la voluntad de las comunidades que habitan la amazonía, y de los Estados y organizaciones del concierto internacional que no están pensando en sus tasas de ganancia, sino en la sobrevivencia de nuestro planeta. En esta ronda ENAP junto a la ecuatoriana Petroamazonas y Belorusneft de Bielorrusia, presentaron oferta por el bloque 28.
“La iniciativa de conservacion del parque, demanda recogida de las organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas del Ecuador por Rafael Correa en el 2007 y desahuciada por él mismo a fines del 2012, cuando abrió esta ronda de negociación, suponía el compromiso ecuatoriano de mantener indefinidamente inexplotadas las reservas de 846 millones de barriles de petróleo presentes en el sub suelo del Yasuní, si es que la comunidad internacional compensaba mediante la entrega de un 50% de lo que hubiese podido capitalizar el país en la extracción, los que serían destinados fundamentalmente a la cooperación para el desarrollo. De este modo, se escuchaba el deseo de los habitantes del territorio, se mantenía viva la zona con mayor biodiversidad del planeta y se evitaba la emisión de 407 millones de toneladas de CO2, principal gas que provoca el cambio climático”, agrega el texto.
De cara a Chile, detallaron que “la completa desinformación que existe en nuestro país sobre este tipo de iniciativas de conservacion, posibilita que ENAP, desde el 2008, maliciosamente firme acuerdos al margen de la ley ecuatoriana, para viabilizar la explotación, presionar para el fracaso de la iniciativa del parque Yasuni y debilitar la propuesta conservacionista. Esta misma desinformación es la que explica que la amenaza de muerte que nuestro estado cierne sobre cientos de comunidades y de los ecosistemas de un país vecino, sea vista como una agresión mal intencionada de unos fanáticos ecologistas.
Agregan que “hoy, el gobierno de Correa ha ordenado el cierre de la ONG Pachamama, anunciando que hay otras en estudio para su clausura, de modo de criminalizar a quienes defienden la vida y las culturas locales, luego de décadas de explotación que han devastado los territorios y que jamás se han traducido en desarrollo y bienestar para las comunidades. Esto parece nada más que un montaje entre Estados para beneficio de los grandes grupos económicos y sus intereses extractivistas en nuestra región, más que una gestión decidida para transitar al buen vivir y al reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos según dicta la Constitucion del Ecuador”.
“Estos sucesos ocurren a la par del esfuerzo titánico de las organizaciones y comunidades ecuatorianas y de la amazonía, de reunir 600 mil firmas para que, en el marco de la Constitución ecuatoriana, se les reconozca el derecho a consulta ciudadana y sea escuchada la voz de los habitantes de los territorios en disputa”, subrayan.
En este contexto, las agrupaciones que apoyan esta declaración pública exigen que “el gobierno chileno explique las razones que justifican la presencia del embajador de Chile en esta ronda petrolera, y aclare al país cuál es el rol que estamos jugando en la protección de la biodiversidad y en las políticas para enfrentar el trastorno climático del planeta, pues claramente conductas como las dibujadas en el caso del Yasuni ITT, demuestran que no estamos cumpliendo con los diversos convenios internacionales suscritos en estas materias”.
Y subrayan que “Manifestamos nuestro total rechazo a los privilegios otorgados a una empresa nacional como ENAP por medio del representante máximo de la diplomacia chilena en ese país, toda vez que ello implica desconocer los derechos de los pueblos indígenas afectados, promover practicas inconstitucionales en un país vecino, y condenar al desaparecimiento de una de las zona de mayor biodiversidad del planeta y de uno de los últimos pueblos indígenas en aislamiento voluntario que habitan la Amazonía ecuatoriana”
“Nuestro silencio nos convierte en cómplices. Es por ello que exigimos a las autoridades chilenas que cuiden que los intereses económicos de una empresa chilena en un país hermano respete los derechos de las comunidades y no contribuya a la destrucción de la naturaleza y sus habitantes”, puntualizan.
Entre los firmantes se cuenta a la Agrupación Defensa del Medio Ambiente Valle Chalinga; Asamblea Ambientalista “El Melón”; Centro de Conservación Cetacea (CCC); Colectivo El Pimiento – Vallenar; Comité de Defensa y Recuperación del Cobre; Comunidad Diaguita Patay Co, Alto del Carmen; Corporación Programa La Caleta; Ecoceanos; Ecosistemas; Grupo de Trabajo por los Derechos Colectivos del Pueblo Mapuche; Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente, MODATIMA. Provincia de Petorca; Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA; S.O.S. HUASCO; Secretaría de medioambiente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, (SECMA FECH), yVive Curacautín.
Y a nivel internacional se sumaron COECOCEIBA-Amigos de la Tierra, Costa Rica; Foro Ambientalista Santiago del Estero– Capital, Argentina; WRM – Movimiento Mundial por los Bosques, y el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, OCMAL.
