El domingo pasado, en pleno proceso de recambio de veraneantes, un grupo de personas decidió tomarse la Ruta 5 Norte. Eran los vecinos de Longotoma, protestando contra el proyecto “Planta de Concentración Magnética Dunas de Guallarauco”. Durante los últimos meses, los miembros de la comunidad han luchado contra la implementación del proyecto por los daños que podría generar en el sector de las dunas. Incluso alegan que la empresa ha mentido en sus declaraciones para evitar el estudio de impacto ambiental del SEA.
Detrás del proyecto está la Compañía Minera Amistad S.A., sociedad creada en marzo de 2012 por los empresarios brasileños Ibrahim Bittar Neto, Roberto Satoshi Yamamoto y Marco Antonio Dominici Paes, con un capital inicial de 9 millones de pesos.
Las irregularidades denunciadas por los vecinos de Longotoma se repiten en Huentelauquén, en un proyecto minero donde también estuvieron involucrados los mismos empresarios. Pero el tema va aún más allá: En Brasil existen varias ordenes judiciales en contra de Ibrahim Bittar Neto y se les acusa de fraude, compra de autoridades y extracción ilegal de minerales.
Omisiones en declaración al SEA e irregularidades
De acuerdo a información obtenida en el Conservador de Bienes Raíces, el 3 de mayo de 2012 fue constituida la Sociedad Minera Siglo XXI Limitada, con el objetivo de “exploración y explotación de las concesiones mineras del ‘Proyecto de mineral de hierro Huentelauquén‘”. Quienes conformaron la sociedad fueron Compañía Minera Amistad S.A. y la Sociedad Contractual Minera Siglo XXI, esta última de capitales chilenos.
El acuerdo original estipulaba que la Sociedad Contractual aportaba con los derechos de explotación de suelos en Huentelauquén y Amistad con el capital. Pero no todo salió como esperaban. A partir de ahí empezó la batalla entre la comunidad de Huentelauquén y la empresa, y las acusaciones de irregularidades y corrupción. Y las cosas también se complicarían entre ambas sociedades.
Por su parte, detrás del proyecto “Planta de Concentración Magnética Dunas de Guallarauco” en Longotoma está solo Amistad S.A. Entre ambas iniciativas mineras hay un año de diferencia, pero presentan varias similitudes. Se trata de dunas cercanas a humedales y en las dos se ha reconocido la riqueza del lugar, producto de yacimientos arqueológicos, una gran biodiversidad de invertebrados y además de que ambas zonas dunares sirven como refugio de aves migratorias.
Otra similitud es la forma en que la Minera Siglo XXI y Amistad intentaron conseguir los permisos correspondientes. “Lo que pretenden es extraer arenas metalíficas de cualquier sector donde hayan, ahí caen Huentelauquén y Longotoma. Lo que hacen, e intentaron lograr fue no hacer declaración de impacto ambiental, declarando menos explotación de lo que les exige la ley para entrar al Sistema de Evaluación Ambiental” (SEA), cuenta el abogado de la comunidad de Huentelauquén Román Muñoz.
Efectivamente, ambos proyectos buscan la explotación de arenas con contenido mineral de hierro (magnetita), en beneficio de una planta electromagnética. Según dicen las empresas, una vez extraído el hierro las arenas pueden ser devueltas, sin ocasionar daño alguno al ecosistema.
El 22 de junio de 2012 la Minera Siglo XXI presentó la carta de pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Sin embargo, no calificó para ingresar porque la producción declarada era inferior a los 5.000 toneladas al mes, que es el mínimo contemplado en el artículo 10 de la Ley 19.300 sobre bases generales de Medio Ambiente y el artículo 3 del reglamento del SEA para que un proyecto ingrese a la revisión ambiental. Es decir, es muy chico para ser analizado. En Longotoma, por su parte, la carta de pertinencia fue ingresada en junio de 2013 y también declaraba una extracción de 4.800 toneladas por mes. El organismo determinó que no aplicaba para evaluación ambiental.
Estas cifras sin embargo, son cuestionables. Sobre Longotoma, el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) envío un oficio al SEA en noviembre de 2013 en el que señala que la cifra no es real. “Considerando que en el año existen 249 días hábiles (descontando sábado, domingo y festivos) se obtiene que en la situación máxima (que es la que se debe evaluar), se podría estar procesando hasta 6.640 toneladas al mes“, detalla el documento.
En Huentelauquén, el Seremi de Medio Ambiente elaboró un informe técnico sobre el proyecto, en el que señala que “el proyecto no calificó para ingresar al SEIA por considerar una producción mensual inferior a 5000 ton/mes, sin embargo, la Seremi del Medio Ambiente consideró que era pertinente el ingreso del proyecto al Sistema, basado en Zonificación de los Usos del Borde Costero del Gobierno Regional que lo clasifica en la Zonificación Regional como Zona Protegida, y en la Zonificación Comunal como Zona de Conservación de la Naturaleza”.
Pero eso no es todo: comunidades de ambas localidades acusan que las empresas mintieron en sus declaraciones. Y la prueba estaría en las demandas por ‘servidumbre’. Como las dunas están legalmente a nombre de las comunidades o de particulares, las empresas mineras deben demandar a los dueños para poder explotar la zona. Esto de acuerdo al Código de Minería impuesto en dictadura. En dichos documentos, tanto Minera Siglo XXI como Amistad solicitan derecho sobre 621 y 101 hectáreas respectivamente, más de lo presentado al SEA. Y ambas señalan que se trata de un terreno “sin posibilidad de riego, por lo que no afecta la actividad agrícola”. Por ejemplo, en el caso de Longotoma, la demanda muestra que no se trataría de un solo proyecto como se pensaba, sino de 9 minas distribuidas por el borde costero por 20 años. Y las 101 hectáreas son solo para la instalación de maquinarias.
Según señala Román Muñoz, esta es una forma que tienen las empresas para evitar la evaluación de impacto ambiental. “Preguntan: ‘¿si tengo un proyecto así de chico no entro?’ Y el SEA dice que no, con un proyecto así de chico no entra. Si escarbas un poco más, las demandas por servidumbre eran para ocupar 621 hectáreas. ¿Quién te pide 621 para explotar 30? Nadie”, afirma.
“La fase piloto corresponde a un espacio, una parcela y 18 meses. Pero en todo el campo dunar hay 9 pertenencias mineras, lo que indica que van a explotar en fracciones. Primero esta zona, luego ingresan de nuevo al sistema para una nueva zona de explotación por 18 meses y así hasta completar las 9 pertenencias y los 20 años de explotación. Es un mega proyecto”, explica Carolina Chávez, vocera del movimiento Dunas Libres de Longotoma. Si en cada fragmentación se presenta menos explotación de la mínima para ser analizada, tendrían permiso para proceder. Y como el SEA carece de capacidades fiscalizadoras en terreno, tienen que confiar en lo que declara la empresa. Pero si se comprueba que entrega información falsa se exponen a una serie de multas.
Dicha figura se conoce como fragmentación y consiste en no reconocer la unicidad de los proyectos. Para el abogado experto en derecho ambiental Marcelo Castillo, se trata de una práctica que era bastante generalizada: “Como el corte de ingreso a proyectos de evaluación ambiental está dado por números, de procesamiento y toneladas, cuando no se quiere ingresar se declaran proyectos menores, eludiendo el requisito de exigencia del SEA”, cuenta.
Sin embargo, según Castillo esto cambió después de la reforma a la Ley de la Superintendencia de Medio Ambiente de Diciembre de 2012, en la que se prohíbe explícitamente el fraccionamiento de los proyectos. Esta reforma no estaba vigente cuando Minera Siglo XXI ingresó su primera solicitud, pero sí para cuando Amistad lo hizo en Longotoma. Por lo que si la Superintendencia prueba que el proyecto quiso evitar la evaluación ambiental mediante el fraccionamiento (o mediante la suma de producción que no calza), puede revocar el permiso y establecer multas.
Pero las irregularidades no se quedan ahí: En Longotoma, la declaración al SEA incluía una error que no fue advertido. Después de que el organismo recibiera una carta de la comunidad solicitando revisar la declaración, le solicitó a los servicios ambientales de la zona para que se pronuncien al respecto. La Conaf envío una carta al SEA en que señalaba que no hay inconvenientes en realizar una visita en terreno, pero que “es imposible acotar el área de emplazamiento ya que este documento contiene un error fundamental respecto del huso en que se encontrarían las coordenadas que delimitan el área del proyecto, lo que genera dudas razonables sobre su emplazamiento real, y hace imposible identificar las formaciones vegetales que se verán afectadas”.
La comunidad ya estableció una denuncia ante la superintendencia de Medio Ambiente, lo que tiene paralizado el proyecto de las dunas de Longotoma por ahora.
Por su parte, en Huentelauquén se vivió una situación aún más irregular y que genera varias dudas. En 1995 la comunidad agrícola, dueña de las dunas, presentó un recurso de protección que resguardaba la zona ante cualquier tipo de explotación minera, dadas sus características. Dado este recurso, ninguna minera podía ingresar a la zona. El proyecto de explotación de hierro llegó a la comunidad en 2010, con los primeros intentos de ingresar al lugar mediante La Sociedad Contractual Siglo XXI. Pero ahí comenzaron las polémicas y las acusaciones. El presidente de la comunidad Víctor Tobar, presentó a la Corte de Apelaciones la renuncia al recurso de protección, permitiendo así el ingreso de la minera. “Dicen que se vendió por una gran suma de dinero”, señala Gabriela Muñoz, actual presidenta de la comunidad. El abogado Román Muñoz relata cómo vivió la situación: “De un día para otro aparece un escrito del presidente de la comunidad de Huentelauquén desistiendo del recurso que había y sacando a los abogados que representábamos a la comunidad en el momento”.
Según cuenta el abogado, él vio con sus propios ojos cómo una semana después Tobar, agricultor jubilado, apareció con una Ford Runner cero kilómetros. “Tú saca tus propias conclusiones”, asegura Muñoz. Consultado por este medio, Tobar negó esta acusación y señaló que el recurso “es una excusa para no mostrar la incapacidad del abogado Román Muñoz Vinagre”.
Revocado el recurso de protección y con el permiso de servidumbre, la Minera Siglo XXI se instaló en Huentelauquén y empezó a instalar las maquinarias. Sólo lograron parar las faenas con una denuncia de obra nueva contra la empresa, en la que acusaron que no cumplían con los papeles legales para iniciar la explotación. Se paralizó el proyecto hasta resolver el tema legal.
En el intertanto, la comunidad hizo una denuncia ante la Seremi de Medio Ambiente, que elaboró el informe antes citado. En él señala que encontraron inconsistencias con lo visto en terreno y lo declarado. “Existe una gran extracción de material de la duna, que toma parte del talud donde se encuentra una gran extensión de formaciones xerofítica. Dicha extracción no se detalla en el proyecto presentado al SEA”. Y agrega que “se apreció gran cantidad de especies vegetales destruidas producto del movimiento de tierra. La empresa no hace referencia en carta a formación vegetal o fauna alguna en el sector”.
“Según lo señalado en el proyecto presentado al SEA, y lo apreciado en terreno, existe una diferencia en el sector de emplazamiento de las faenas. Esto conllevaría a una evaluación errónea de parte de los servicios”, finaliza el documento.
El pasado 10 de enero, la Corte Suprema falló a favor de la comunidad y sentenció que la obra debe continuar paralizada.
Problemas en Sociedad Minera Siglo XXI
Según información del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, el 28 de agosto de 2013 se produjo un cambio en la composición de la Sociedad Minera Siglo XXI, originalmente compuesta por la Sociedad Contractual Minera Siglo XXI y Compañía Minera Amistad S.A. Ese día se oficializó el retiro de la sociedad por parte de la Contractual Minera y el ingreso de la persona natural Marco Antonio Dominici Paes.
Así, la composición quedó con 99% para Amistad S.A. y un 1% para el ciudadano brasileño -accionista de Amistad- e incluso cambió su razón a “Minera Huentelauquén Limitada”. De hecho, en diciembre de 2013 se ingresó una nueva carta de pertinencia al SEA sobre el mismo proyecto de “Producción de Mineral de Hierro Huentelauquén”, a nombre de la Sociedad Contractual. El oficio fue rechazado por no incluir los antecedentes legales del titular.
El Dínamo se contactó con la Sociedad Contractual Minera Siglo XXI, quienes declinaron emitir declaraciones sobre la mina en Huntelauquén, pues consideran que el tema no está cerrado en tribunales. Lo que sí reconocieron es que desde abril de 2013 que terminaron todas las relaciones con los empresarios brasileños de Amistad S.A., quienes no habrían cumplido los acuerdos originales del trato.
De hecho, los representantes brasileños habrían partido de Huentelauquén a Longotoma, con su nuevo proyecto de explotación de hierro en las dunas. Una investigación más a fondo sobre los nombres que manejan Amistad S.A. -Ibrahim Bittar Neto, Marco Antonio Dominici Paes y Roberto Satoshi Yamamoto- revela que las irregularidades de sus proyectos en Chile tienen más de un antecedente en su natal Brasil.
¿Quiénes son los empresarios brasileños?
La información disponible sobre Bittar Neto, Dominici y Yamamoto no es mucha, pero no habla bien de ellos.
Bittar Neto es el principal controlador de KWK, empresa de exportación minera en Brasil. De acuerdo a información publicada Jornal Do Día en 2009, estuvo involucrado en un conflicto entre tres empresas mineras en la zona del Amapá, por el incumplimiento de acuerdos entre ellas. La nota toma la declaración que presta Paulo Lisboa de Ecometals -una de las empresas involucradas- a la Promotoría de Investigações Cíveis e Criminais (PICC), en la investigación cursada. En su declaración, Lisboa señala que los involucrados son parte de un sistema de corrupción, en el que KWK le habría pagado a todos los diputados de la Asamblea Legislativa de Amapá para poder explotar minerales en la zona.
Sabrina Bogado, periodista brasileña miembro de la ONG Instituto Ecología Interior que trabaja en la zona del Amazonas, explica que los niveles de corrupción en Brasil, especialmente en el Amapá, está muy marcado y llegaría incluso al poder político y judicial. Afirma que el sistema de corrupción en la explotación de minerales existe desde hace tiempo y no es que se haya nacido ahora ni para este caso en particular. “Probablemente, para explotar en Amapá, ellos hayan tenido que entrar al sistema de corrupción”, señala.
En otro reportaje, se le acusa de ser parte de un equipo de contrabando de torianita, material radioactivo prohibido por la Agencia Nacional de Energía Nuclear. Si bien la nota no entrega los datos que comprueben esta acusación, si es cierto que la empresa Tocantins Minerao S.A. -con la que KWK mantuvo varios negocios- sucedió y asumió la deuda de Icomi, empresa castigada en Brasil por transporte de material contaminado.
También se le acusa de ser una de los cabecillas de todo el sistema de contrabando y de tener más de 5 órdenes de arresto en su contra, pero que ninguna se llegó a cumplir. La página del Ministerio Público de Brasil muestra que Bittar Neto ha estado envuelto en más de un proceso judicial.
El Dínamo se contactó con la Minera Amistad S.A., quienes se negaron a emitir declaraciones sobre el yacimiento en Longotoma mientras no haya nada resuelto por las autoridades ambientales. Consultados sobre las actividades de Ibrahim Bittar Neto en Brasil, hasta el cierre de la edición de este reportaje se seguía esperando el correo de respuesta.
