El proyecto de Ley de protección de glaciares, presentado en mayo pasado por un grupo transversal de diputados, fue cuestionado por las empresas mineras y de geotermia, debido a las negativas consecuencias que les acarrearía.
La iniciativa, cuya idea de legislar será votada este miércoles por la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja, apunta que “no podrán realizarse en glaciares, zonas glaciares y periglaciares (…) actividades que generen impactos significativos o daños irreversibles”.
Se apunta con esto a actividades sobre la superficie glaciar, bajo ella o “cualquier otra acción contraria al objeto de la presente ley, o que puedan afectar directa o indirectamente las funciones del glaciar”, apunta Pulso.
En este escenario, las empresas minera afirman que la normativa significaría el fin de este sector entre las regiones de Antofagasta y O’Higgins.
El Consejo Minero, cuyo gerente general, Carlos Urenda, acudió el pasado jueves a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara para debatir los alcances del proyecto de ley, indicando que no resulta conveniente establecer prohibiciones absolutas sino evaluar caso a caso. Además, sostuvo que no todos los glaciares deben tener igual grado de protección, pues no todos cumplen la misma función.
“Estimamos que no resulta conveniente establecer prohibiciones o restricciones absolutas a la afectación de los glaciares en general. También estimamos inconvenientes e impracticables las obligaciones de carácter retroactivo en materia de glaciares”, señaló Urenda y luego agregó que “por condiciones geomorfológicas de Chile, la actividad minera y los glaciares se localizan en una franja común”.
Asimismo indicó que sólo existen dos países con legislación de protección directa y general de los glaciares: Argentina y Kirguistán, y no es claro que efectivamente se apliquen.
También preocupa al gremio la propuesta de auditoría ambiental, ligada al levantamiento de cargos de las empresas. La propuesta que se tramita en el Congreso establece que se levantarán cargos contra los proyectos que tengan declaraciones, estudios de impacto ambiental e incluso contra las operaciones con permisos vigentes. “Estimamos esto inconveniente por su imposibilidad práctica y por afectar retroactivamente proyectos que tenían las autorizaciones necesarias”, dijo Urenda en su presentación en el Congreso.
La propuesta legal estipula que las empresas investigadas deberán informar dentro de un plazo de 180 días, prorrogables por otros 90 días, a la autoridad que señale el reglamento. “Mientras no se promulgue el referido reglamento y, por el sólo ministerio de la ley deberán cesar toda actividad prohibida o restringida prevista en la presente ley”, señala el proyecto. La entidad propuso que la protección de los glaciares quede radicada en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
El dirigente sostuvo que hay espacio para mejorar normativas en la legislación de medioambiente, en el Código de Aguas y en el sistema de protección de la biodiversidad “que pueden aportar mayor certeza en la protección de glaciares”.
Por su parte, Anglo American, mina que es socia de Codelco en la mina Los Bronces, solicitó una audiencia a la comisión para explicar los efectos que tendría, a su juicio, que se promulgue la ley en las actuales condiciones.
Desde las empresas de geotermia, que hoy efectúan tareas de prospección en el país afirman que según la redacción del texto, la actividad geotérmica quedaría prohibida por ley, pues prácticamente la totalidad de los yacimientos hallados están, precisamente, en zonas aledañas a glaciares.
El gerente general de la empresa MRP, Rüdiger Trenkle, señala que “nosotros como industria tenemos como principal preocupación, y así lo hemos demostrado, el cuidado y la protección del entorno, principalmente los glaciares”.
cabe recordar que el 21 de mayo pasado, la Presidenta Bachelet anunció su decisión de legislar para proteger los glaciares. Es así como el Ministerio de Medio Ambiente ya está analizando tres proyectos de ley ligados a los glaciares: uno presentado por el senador Horvath en 2006, otro por el senador Girardi en 2008 y la última moción parlamentaria.
La cartera también se unió al Ministerio de Obras Públicas para convocar a una mesa de trabajo entre actores privado, sector público, académicos, organizaciones ciudadanas y la comunidad, a fin de escuchar todos los puntos de vista.
