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15 de Octubre de 2014

El drama que no se ve tras el derrame de petróleo en Quintero

Pescadores de Ventanas y Horcón iniciaron una dura lucha para intentar salvar a sus familias en un año que prometía ser auspicioso en términos laborales.

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Fue un nuevo golpe bajo para una zona que ya ha sido vulnerada por los efectos nocivos de la actividad industrial. A los problemas que ya enfrentaron con Codelco, ahora los pescadores de Ventanas y Horcón deben sumar las consecuencias del derrame de petróleo ocurrido el pasado 24 de septiembre en la bahía de Quintero. Sin ir más lejos, desde el 6 de octubre no pueden salir a faenar por decisión de Autoridad Marítima.

El presidente del sindicato de pescadores de Caleta Ventanas, Gabriel Carvajal, comenta que a diferencia de otras caletas, lo que caracteriza a Ventanas es que siempre se han dedicado al buceo. “Somos principalmente buzos y mariscadores, nos dedicamos más al buceo de orilla y a la pesca de orilla, congrio, pescados de roca, al buceo, al huiro, toda esa es nuestra actividad diaria”. Junto con Horcón compartían una de las pocas áreas de manejo vigentes y en explotación en la bahía de Quintero.

Hasta el 24 de septiembre enfrentaban un panorama favorable. Tras cuidar su área de manejo habían logrado tener algas: según un informe de seguimiento presentado a Sernapesca en marzo, estaban autorizados para extraer  2 mil 43 toneladas de alga húmeda “del recurso huiro palo”, señala el documento, además de lapas, erizos y locos. “Se venía un año bueno para nosotros, estábamos limpiando la playa, la laguna, estábamos proyectando limpiar la bahía entera, y pasa esto…  No es tanto el daño del derrame como el líquido que echan para disolver todo eso“, agrega.

“Si se llegan a morir todos los ‘bichitos’ nuevos, no hay ningún futuro en el área de manejo”, afirma el dirigente y añade que “la gente que nos asesora, los biólogos marinos dicen que con un buen plan de manejo, que incluya depurado de aguas, eliminar metales pesados, para trabajar el cultivo de mariscos, se puede hacer, pero ¡quizás cuántos años se demorará eso!”

El pescador es enfático al señalar que “nunca esperamos que Enap se mandara este condoro. Lo que pasó con el carbón, con las sardinas o con el concentrado de cobre, son todos incidentes relacionados con empresas que están a unos trescientos metros de aquí, y como Enap está bien lejos para allá, nunca nos imaginamos que iba a haber un desastre así. Ahora, Enap y Codelco son empresas estatales, el Estado fue el que las puso aquí, y el Estado es el que debiera hacerse responsable de velar por la seguridad de esta bahía“.

“Yo me desahogo, porque acá vivíamos del día a día, los cabros salían en la mañana a recolectar algas, estábamos ganando plata, estaban ganando sus luquitas los viejos, felices, dándole vida nuevamente a la caleta, y vino esto del derrame. Nosotros no somos violentos, nunca salimos a las calles, pero ahora ha sido demasiado el abuso de las empresas”, finaliza Carvajal.

La batalla judicial

La abogada Natalia Alfieri, que representa a 210 trabajadores y sus familias de los Sindicatos de pescadores de Horcón y de Ventanas, explicó a El Dínamo el escenario legal que enfrentan tras este desastre ambiental y laboral. Según ella, existen tres aristas frente a las que trabajan con diversas estrategias.

En el ámbito administrativo, la Autoridad Marítima lleva a cabo una investigación que culminará con multas en pesos oro, terminología que se aplica a las infracciones relacionadas con la captura, según la Ley General de Pesca y Acuicultura. Alfieri explica que este proceso está a cargo del fiscal naval Pedro Mesones, quien por ley cuenta con 20 días hábiles, desde ocurrido el suceso, para realizar esta investigación, que es secreta. Un plazo que según ella suela alargarse. Es por ello que los pescadores ya presentaron requerimientos de información.

En la arista penal, el trabajo de investigación de caso está a cargo del fiscal Javier Carrasco, quien está especializado en delitos ambientales. Ya se presentó una denuncia por delitos ambientales establecidos en la Ley de Pesca y Acuicultura. “El paso siguiente es presentar una querella criminal, en contra de quienes resulten responsables, una vez que se reúnan antecedentes suficientes, dice Alfieri.

Y finalmente de cara a la arista civil, que se liga con la reparación del daño ecológico, la abogada dice que se apunta reparar lo que se pueda, dado que los daños asociados a esta tragedia para ella son incalculables; junto a esto se busca obtener además una indemnización para los pescadores. En este ámbito no se descarta el inicio de acciones contra los dueños del buque LS Mimosa, sus armadores, Enap y todos quienes resulten responsables. “Las acciones correspondientes se presentarán cuando los demandantes tengan más información respecto de los hechos ocurridos“, dice.

Se espera igualmente que el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que también está reuniendo antecedentes sobre el hecho, tome cartas en el asunto. Cuando ésto suceda, los pescadores se harán parte de las acciones que la instancia lleve adelante.

Además, se han realizado peticiones de información sobre el caso a distintas reparticiones públicas, incluyendo el Sernapesca, el Servicio Agrícola y ganadero (SAG), la Seremi de Medio Ambiente, el Ministerio de Salud, e incluso la Enap. Hasta ahora, según Natalia Alfieri, ningún organismo ha respondido.

Desde el punto de vista del trabajo que realizaban día a día. Tanto el sindicato de pescadores de Horcón como el de Ventanas tienen asignadas áreas de manejo, dentro de las que realizaban cultivos, labores extractivas, etcétera. “En virtud de este derrame éstas se han visto dañadas. Tenemos información respecto de que el hidrocarburo llegó a estas áreas, y estamos tratando de hacer investigaciones científicas que prueben aquello. El tema es que los pescadores no tiene los recursos, por lo que exigimos que sean llevadas a cabo por entidades extranjeras, ya que las universidades del sector eventualmente prestan servicios a los involucrados, como Enap, por ejemplo. Por eso insistimos en que éstos procesos sean lo más objetivos posible”, explica la abogada.

Alfieri insiste en que esperan que “la autoridad coopere en estos objetivos. El CDE tiene la obligación legal de actuar para que se repare el daño, esperamos que lo hagan rápido y pidan la información, ya que todavía no sabemos exactamente qué fue lo que ocurrió, lo que es inaceptable”.

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