No se le ve fin cercano a la escandalosa trama generada en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) tras la salida de Sergio Jadue, ex presidente en la entidad, en medio de rumores de una supuesta “confesión pactada”, para entregar toda la información a la justicia estadounidense en el caso de la corrupción en la FIFA.
En tanto el calerano se encuentra en Miami, los rumores relacionados con él y su salida no bajan.
Según reporta La Tercera, cuando estalló el caso que investiga irregularidades del ente rector del fútbol mundial, que indaga sobornos vinculados con licitaciones de transmisión y organización de eventos deportivos, la ANFP contrató un estudio de abogados en Estados Unidos para defender a la federación chilena de posibles repercusiones. Este estudio fue Fox Horan & Camerini.
De acuerdo a dirigentes de la ANFP, el cobro de este bufete de abogados fue de 250 mil dólares, de los que ya habrían sido pagados 100 mil. El resto sería pagado más tarde.
Sin embargo, las sospechas empezaron a recaer en que la verdadera labor de estos abogados era para defender exclusivamente a Sergio Jadue.
“¿Por qué había que contratar a un grupo de abogados para defender a la federación si ésta nunca ha sido imputada por nada? El único que necesitaba defensa era Jadue”, plantea uno de los directores de los tres “clubes grandes” (Universidad Católica, Universidad de Chile y Colo-Colo).
Fiscalía chilena abre investigación contra Sergio Jadue
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) envió un informe llamado “Reporte de Operación Sospechosa”, el que está siendo investigado bajo estricta reserva en instancias de la Fiscalía Oriente.
De acuerdo a la información que publica The Clinic, esta indagatoria -aún en etapa de recopilación de antecedentes- estaría dirigida por el persecutor José Reyes Klenner.
Todos estos datos podrían luego ser derivados al fiscal jefe de Peñalolén y Macul, Felipe Sepúlveda, quien también está indagando los sueldos de la ANFP y sus directores, indagatoria que tuvo su puntapié inicial a causa de una denuncia del Ministerio de Justicia.
El lavado de activos es un delito que se configura a través de la compra de bienes y elementos, compra que tiene el fin de ocultar el origen ilícito de los dineros obtenidos en alguna operación delictual.
