La Dirección de Crédito Prendario (Dicrep), más conocida como Tía Rica, quedó bajo la lupa tras revelarse que el organismo otorgó préstamos sin verificar el origen lícito de los bienes, incluso a personas con antecedentes penales, una situación que abrió flancos para eventuales operaciones de lavado de activos.
El escenario derivó en la salida de su director, Cristóbal Sepúlveda, luego de que el Ministerio de Justicia le solicitara la renuncia tras una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR).
El informe del ente fiscalizador detectó una serie de irregularidades calificadas como “altamente complejas” (AC), entre ellas la falta de trazabilidad de joyas y alhajas entregadas en prenda, operaciones reiteradas realizadas por una misma persona y empeñantes con antecedentes penales que no retiraron posteriormente los bienes, lo que encendió alertas sobre el uso del sistema prendario como vía para blanquear recursos.
“Otorgar crédito prendario en forma simple y oportuna a la ciudadanía”, así se define la Dicrep en su última cuenta pública, donde enfatiza su rol como un órgano solidario, acogedor y orientado a entregar productos de calidad. Sin embargo, los hallazgos de Contraloría muestran una brecha entre esa misión y los mecanismos de control efectivos del servicio.
La Tía Rica entrega pequeños préstamos a cambio de oro, alhajas e incluso electrodomésticos. El monto máximo por operación es de $500 mil, mientras que el endeudamiento total puede llegar a $3,5 millones. No existen mayores requisitos ni intermediación bancaria, lo que ha sido históricamente valorado por los usuarios, pero que hoy aparece como uno de los principales puntos de vulnerabilidad.
Con 22 sucursales en todo el país y más de 450 funcionarios, la Dicrep recibió en 2024 un presupuesto de $56.824 mil millones, de los cuales $38 mil millones se destinaron a créditos sociales a cambio del empeño de oro. El problema es que estos créditos están en la mira de la contraloría, debido a que no se solicita ningún antecedente para su otorgamiento.
Respecto a sus Estados Financieros, la entidad y el Ministerio del Trabajo (de quien depende la entidad) solo mantienen en sus portales de información y Transparencia datos hasta 2021, último año del gobierno de Sebastián Piñera. Este último reporte indica que la Tía Rica terminó su año con pérdidas por $5.886 millones.
Consultados por EL DÍNAMO al respecto de la falta de publicación de los reportes financieros, la Dicrep no estuvo disponible.
La fiebre del oro
La auditoría de la Contraloría, que abarcó los períodos 2023 y 2024, estableció que se otorgaron $1.507.026.380 a 1.681 empeñantes con antecedentes penales. Entre los reparos se incluye la ausencia de verificación sobre la procedencia de las joyas, la reiteración de operaciones por parte de los mismos usuarios y la inexistencia de alertas internas frente a estos patrones.
Las cifras ya advertían sobre la recurrencia de los usuarios a la Dicrep: en 2024 año se entregaron 401 mil préstamos a 109 mil usuarios, lo que implica un promedio de 3,7 operaciones por persona. Durante el primer semestre de 2025 la entrega de préstamos aumentó en $1.300 millones.
El abogado y exdirector de Chile Transparente, Alberto Pretch, advierte a EL DÍNAMO que la Tía Rica “al igual que lo que está ocurriendo con Gendarmería, es una institución que responde a otra realidad del país y, lamentablemente, los delincuentes que buscan obtener beneficios económicos de esos delitos, mediante acciones de lavado, utilizan estas instituciones para ello”.
A su juicio, existe un problema de origen en el diseño del servicio. “Si se empieza a pedir declaraciones juradas sobre el origen de un anillo de compromiso de una abuelita, claro, deja de ser rentable el negocio”, plantea, dando cuenta de la tensión entre control y acceso al crédito.
El 5% que no vuelve
Entre los aspectos positivos que destaca la Dicrep en sus cifras recientes está el alza del precio del oro. “Durante 2024, el valor del gramo alcanzó un máximo histórico de $17.000, manteniéndose constante durante todo el año. En 2025, este valor se incrementó a $25.000 por gramo, lo que ha permitido otorgar préstamos de mayor monto y fortalecer el rol social de la institución”, señala el servicio.
Desde el gremio, Nicolás Halabi, presidente metropolitano de la Asociación Prendaria de Chile en conversación con EL DÍNAMO, valora la auditoría y subraya que vuelve a instalar en la agenda pública que el organismo —creado en 1920— opera con una normativa que data de 1986.
Halabi reconoce que el principal punto crítico está en el 5% de los préstamos que no se recupera. En términos concretos, de los $38.211 millones otorgados en créditos durante 2024, $1.910 millones no retornaron a las arcas fiscales. “Ahí es necesario realizar cruces de información más permanentes con los organismos correspondientes”, señala.
El dirigente agrega que parte del desconocimiento sobre el funcionamiento de la Tía Rica es que los recursos obtenidos por los bienes dados de baja se destinan al Senda, para financiar programas de prevención y rehabilitación del consumo problemático de drogas.
