La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) entregó ayer el Balance de Vivienda 2025, donde en base a datos de la Casen 2024, estimó que se requieren 980 mil viviendas para responder a las urgencias habitacionales del país.
El diagnóstico es complejo: más de 412 mil familias no tienen ingresos suficientes para salir de su condición de allegados y más de 311 mil familias habitan una vivienda en condiciones no adecuadas de habitabilidad. La CChC realizó una serie de propuestas para “apurar” la gestión de vivienda en el próximo gobierno. Al respecto el presidente del gremio, Alfredo Echavarría conversó con EL DÍNAMO.
– ¿Qué se solucionó y qué no en la administración anterior?
– El desafío habitacional es de larga data, aunque el tipo de necesidades de las familias va cambiando con el tiempo. En este sentido, la administración actual logró reducir el déficit de familias vulnerables, especialmente las biparentales (usualmente familias con hijos). Esto se debe al esfuerzo que hizo el MINVU a través del Plan de Emergencia Habitacional. Por otro lado, se observa que el problema del acceso a la vivienda persiste para las familias de clase media, especialmente los hogares unipersonales.
– ¿Qué efectos concretos tiene el déficit de vivienda para el país?
– La vivienda propia no solo es un objetivo material, sino también un símbolo de arraigo, estabilidad y seguridad para las familias en Chile. Sin embargo, esta aspiración se ha visto obstaculizada para muchas familias debido a una serie de factores que han encarecido y dificultado el acceso a la vivienda. Así, el déficit habitacional tiene efectos negativos sobre el bienestar de las familias en esta situación y también en el tejido social.
– Un tema que se ha tocado mucho es el valor de la vivienda ¿cómo se puede extender el acceso?
– El precio de las viviendas ha crecido en la última década, lo que se explica básicamente por aumentos en los costos de materiales y costos laborales, una acumulación de nuevas normativas técnicas, eliminación de exenciones tributarias, y aumentos de costo del suelo. En este sentido, en cada uno de estos temas se deben generar reformas que busquen ampliar la oferta habitacional.
-Entre ellas, medidas administrativas, como la extensión de permisos y el subsidio a la tasa 2.0; medidas tributarias, como un mecanismo de compensación por la eliminación del CEEC o un IVA diferenciado a la compra de vivienda. También planteamos la actualización de los programas habitacionales, buscando una mejor adecuación a la realidad de las familias que demandan viviendas y las restricciones presupuestarias del país. En particular, para las familias unipersonales que requieren viviendas de menor tamaño y el uso eficiente de suelo urbano, lo que permitiría una caída del valor de este, facilitando de esta forma el desarrollo de viviendas a un precio asequible para las familias.
– Un tema que ha funcionado bien es el subsidio a la tasa. ¿Cree que debe extenderse?
– El subsidio a la tasa ha sido el motor de la reactivación de las ventas en los últimos meses, permitiendo acceder a una vivienda a familias que antes no tenían la posibilidad de hacerlo. Aun así, existe un stock de viviendas disponibles y terminadas que inhibe el inicio masivo de nuevos proyectos, lo que repercute en una actividad reprimida en términos de inversión y empleo. En este sentido, un subsidio 2.0, que aumente el número de beneficiarios, incorporando la posibilidad de subir hasta 5.000 UF, permitiría una recuperación de la actividad con un muy bajo costo fiscal, dada toda la recaudación que se genera en el desarrollo de las obras y al momento de la venta de las unidades.
– Respecto a la vivienda social, ¿cree que es un problema del presupuesto que han destinado los gobiernos o de otros asuntos, como disponibilidad de suelo?
– El tema de los aumentos de costos de producción de viviendas no solo afecta a la vivienda privada, sino que también a la desarrollada al alero de la política habitacional. En este sentido, a pesar de los continuos esfuerzos que han hecho los gobiernos anteriores por aumentar el presupuesto para desarrollar vivienda social, los nuevos costos han implicado una disminución del número de soluciones. De forma similar al caso de la vivienda privada, la solución de largo plazo es generar reformas que busquen ampliar la oferta habitacional a precios accesibles para las familias.
