En septiembre del año pasado, en medio de la campaña presidencial, la clasificadora de riesgo Fitch ratificó la nota de Chile en “A-” con perspectiva estable. Hacia fines del tercer trimestre de 2025, la firma señaló que “las calificaciones de Chile están respaldadas por un balance soberano relativamente sólido, con una deuda pública en relación con el PIB inferior a la de sus pares”. Lo anterior es disonante con el discurso que momentáneamente sostuvo el gobierno sobre un Estado en “quiebra”, y que tuvieron que salir a aclarar dos de las principales figuras del recién instalado gabinete.
La firma internacional añadió entonces que reflejaba una sólida gobernanza y un historial de políticas macroeconómicas creíbles, basadas en un régimen de metas de inflación y un tipo de cambio flexible.
En su evaluación, Chile supera a 19 países de la región, posicionándose como el mejor clasificado de América Latina. Detrás se ubican México, Perú y Uruguay, con nota “BBB” (sin que exista en esta categoría algún país con calificación “B+”).
Posteriormente, en octubre, otras dos agencias internacionales -Moody’s y S&P- mantuvieron la clasificación de Chile. Según S&P, la calificación del país es comparable a la de economías como Lituania, Letonia o Israel, mientras que Moody’s la sitúa en niveles similares a Polonia. En ambos casos, Chile se ubica por sobre la mayoría de las economías de la región.
La situación se tensionó aún más este miércoles, cuando cerca del mediodía se oficializó que, pese a que el Ejecutivo retiró las gráficas en las que utilizó el término y a que tanto el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, como el ministro del Interior, Claudio Alvarado, reconocieron que no era adecuado para describir la situación, la Contraloría General de la República solicitó explicaciones al gobierno.
La visión de los economistas
La antesala de la crisis comunicacional -marcada por las referencias a un Estado “quebrado” y a una “caja vacía”- ha tenido múltiples idas y vueltas. En un primer momento, el ministro Nicolás Grau aclaró a través de X el estado de la caja fiscal, mientras otros economistas salieron a matizar la interpretación de esos datos.
Desde las ex autoridades, el otrora titular de Hacienda, Mario Marcel, señaló que “nosotros no nos dedicamos a quejarnos” y recordó que “veníamos de un déficit muy grande, con la PGU desfinanciada, deudas con las generadoras eléctricas por el congelamiento de tarifas y obligaciones con prestadores privados por el covid-19”, según declaró a Radio Duna.
El ex presidente del Banco Central, José de Gregorio, también abordó el tema y aseguró a Emol TV que la discusión sobre la caja fiscal estaba “totalmente sobredimensionada”, agregando que reflejaba “una falta de conocimiento impresionante”.
Hasta la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, intervino señalando que “no es la forma de llevar el debate de la situación fiscal” y que el término era “desafortunado”, en el marco de la presentación del Ipom en el Congreso.
