Hace algunas semanas, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se involucró en el bullado caso de Sartor Administradora General de Fondos (AGF), acusando a parte de sus exdirectores de haber ocultado patrimonio para evitar el pago de multas fiscales.
La gestora -hoy desarticulada- se dedicaba, entre otras irregularidades, a utilizar indebidamente fondos confiados en préstamos a empresas relacionadas. Tras las investigaciones, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) suspendió sus operaciones y aplicó sanciones económicas históricas a sus directores. Sin embargo, según el CDE, algunos de ellos habrían traspasado bienes de forma fraudulenta para eludir dichas multas.
El organismo realizó un análisis patrimonial de los involucrados, detectando operaciones de compraventa y donaciones de bienes raíces a familiares directos, realizadas cuando ya tenían conocimiento del proceso sancionatorio en su contra. “Dicho análisis concluyó que tales actos buscaban ocultar los inmuebles transferidos, con el objetivo de eludir las obligaciones derivadas de las sanciones aplicadas”, señaló el CDE.
¿Cómo operó este esquema y quiénes están involucrados? El Dínamo revisó las demandas presentadas por el Estado.
Operaciones entre hermanos
El 24 de noviembre de 2024, el exdirector de Sartor, Óscar Ebel Sepúlveda, fue multado con 22.500 UF. Aunque colaboró con la investigación, el Fisco sostiene que posteriormente articuló un mecanismo para evitar el pago.
El 2 de junio de 2025, en la 1ª Notaría de La Reina, Ebel celebró un contrato de compraventa con la Inmobiliaria San Carlos de Apoquindo SpA, sociedad creada días antes por su hermano, Luis Francisco Ebel Sepúlveda. Según el CDE, esta estructura habría tenido como objetivo “eludir el cumplimiento de la sanción de carácter patrimonial impuesta por la CMF”.
La operación se originó en una promesa de compraventa firmada en marzo de 2025 sobre un inmueble en Las Condes, avaluado en 25.000 UF. Posteriormente, en mayo, Luis Ebel constituyó la inmobiliaria como único socio, declarando como capital el mismo inmueble, pese a no ser aún de su propiedad.
En junio se concretó la compraventa entre Óscar Ebel y la sociedad, y en octubre se modificaron los estatutos, reemplazando el inmueble como aporte por la cesión del contrato de promesa.
Para el CDE, la operación carecía de sustento económico: la inmobiliaria no tenía capacidad financiera ni actividad ante el Servicio de Impuestos Internos que justificara la compra de un bien de ese valor.
Transferencias en cadena: campo y playa
Un esquema similar habría utilizado el exgerente general de Sartor, Juan Carlos Jorquera Salhus, multado con 25.000 UF.
Tras ser notificado de cargos por la CMF en abril de 2025, Jorquera transfirió en un breve lapso dos inmuebles a familiares directos: una parcela en Colina y un departamento en Papudo, este último con bodega y estacionamiento.
Las transferencias se realizaron entre junio y septiembre de 2025. En el caso de Papudo, hubo un primer intento fallido de compraventa por deudas de contribuciones, que luego se concretó en septiembre.
Según el CDE, estas operaciones presentan una “ausencia de voluntad real y seria” y habrían sido simuladas para sustraer bienes del patrimonio ante las sanciones. “Todos los actos y contratos se llevaron a cabo cuando la CMF ya había comunicado la investigación y la apertura del procedimiento sancionatorio”, indica la demanda.
Donación millonaria
El 13 de mayo de 2025, Miguel Luis León Núñez —exdirector de Sartor entre 2020 y 2023 y ligado a la sociedad controladora— donó a sus dos hijos una serie de inmuebles de alto valor, en una operación que el CDE también considera parte del mismo patrón.
León Núñez fue sancionado con una multa de 10.000 UF. La donación incluyó departamentos, estacionamientos y bodegas ubicados en un condominio en calle Candelaria Goyenechea, en Vitacura.
Según la demanda, se trató de una maniobra para aparentar legalidad y sacar los bienes de su patrimonio: el avalúo fiscal de los inmuebles supera los $700 millones.
“No sorprende que haya intentado, bajo apariencia de legalidad, sustraer de su patrimonio la nuda propiedad de bienes raíces de alto valor, simulando su traspaso a sus hijos mediante una supuesta donación”, sostiene el CDE.
En conjunto, los antecedentes apuntan a un patrón común: la transferencia acelerada de activos a familiares directos, en medio de investigaciones y sanciones en curso, con el presunto objetivo de evitar el pago de multas millonarias impuestas por la CMF.
