Durante la tarde de este viernes 8 se realizó la segunda jornada del Chile Day en Nueva York, a solo pasos del afamado Central Park. La actividad concentró gran parte de la atención de la audiencia, especialmente de quienes viajaron desde Chile para escuchar la exposición más esperada del día, encabezada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.
El titular de Hacienda presentó la charla “El camino de Chile de vuelta hacia el crecimiento”, centrada en la necesidad de retomar la senda de expansión económica que tuvo el país durante las décadas de 1990 y 2000, hasta la reforma tributaria de 2013, cuyos resultados —afirmó— no fueron los esperados.
“Si vemos las propuestas de los candidatos presidenciales el año pasado, la reducción del impuesto corporativo estuvo presente en todas. Nosotros apuntamos a hacer ese cambio y estamos optimistas de que lo podemos lograr”, sostuvo.
Durante su exposición, Quiroz planteó que el Estado “no es la solución para todos los problemas de las personas”. En esa línea, señaló que el gasto público ha aumentado considerablemente mientras el PIB apenas ha crecido un 1%. Entre 2000 y 2013, recordó, la economía chilena creció a un promedio de 4,5%, mientras que en los últimos 11 años el crecimiento se redujo al 2%.
Asimismo, aseguró que la inversión se ha desplomado, afectando directamente la movilidad social. “En un momento, el sueño chileno era más real que el sueño americano, con un 13% de la población subiendo en la escala social. Hoy la movilidad social está en riesgo, ya que llevamos 39 meses con un desempleo sobre el 8%, algo que no se veía desde comienzos de los años 80”, afirmó.
El ministro agregó que actualmente hay 2,5 millones de personas trabajando en la informalidad, mientras la deuda pública ha seguido creciendo. “Nuestro diagnóstico es que Chile se ha frenado porque se han puesto demasiados obstáculos al crecimiento: impuestos corporativos poco competitivos, exceso de regulaciones y captura del Estado”, indicó.
Quiroz reconoció que la economía chilena atraviesa un periodo de estancamiento, en un contexto donde el gasto público alcanza niveles récord y el déficit fiscal llega al 2,8% del PIB. “Esta es nuestra realidad, pero soy optimista”, dijo, provocando risas entre los asistentes. “Cuando hay que subir una montaña, hay que ir paso a paso, pero lo vamos a lograr”, agregó.
“La única solución es acelerar el crecimiento, dando libertad al sector privado. No creemos que el Estado genere riqueza, por eso nuestro programa está construido en torno a una regulación más simple, impuestos competitivos y ajuste fiscal”, afirmó.
El ministro destacó que durante el primer trimestre de 2026 ingresaron proyectos por US$28.500 millones, en contraste con el periodo 2014-2025, cuando —según indicó— solo se aprobaron iniciativas por US$12.300 millones.
Además, aseguró que solo en abril se recuperaron US$23.500 millones correspondientes a deudores de créditos universitarios. “No estamos cobrando a quienes no pueden pagar, sino a quienes no querían hacerlo. El gobierno no va a cortar beneficios sociales, pero no pagar los créditos no es un beneficio social”, sostuvo. “Para esto no se necesita un acuerdo, sino simplemente hacer el trabajo”, añadió.
En materia medioambiental, la autoridad reveló que a comienzos de abril existían más de mil documentos pendientes de revisión, cifra que tres semanas después se redujo a 158 gracias a un nuevo modelo de gestión.
“Además, el Comité de Ministros se ha reunido cuatro veces en dos meses, cuando antes podían pasar meses sin sesionar. De esa forma se estancaron proyectos por millones de dólares. Para nuestra tercera reunión ya se habían aprobado proyectos por US$3.300 millones”, señaló. También afirmó que el tiempo para emitir resoluciones pasó de seis meses a solo 15 días hábiles.
Entre las próximas medidas, mencionó la modernización de la regulación sobre uso de suelo —actualmente en revisión en Contraloría— y un ajuste presupuestario para reducir el gasto en US$2 mil millones.
Respecto del Plan Nacional de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, Quiroz bromeó señalando que “no es una ley hermosa y grande” —en alusión a comentarios realizados por Donald Trump sobre sus propias políticas arancelarias—, sino una iniciativa destinada a impulsar el crecimiento mediante cambios regulatorios.
Entre los pilares del plan destacó la ayuda a los afectados por los incendios en el Gran Concepción y Viña del Mar; la reactivación de la construcción mediante la reducción en el valor de las viviendas; menores impuestos a la inversión y al empleo formal; regulaciones más simples y con plazos razonables; y restricciones al gasto fiscal.
“Estoy muy optimista. Lo podemos lograr y los invito a volver a Chile con esta nueva mirada”, concluyó.
La exposición de Rosanna Costa
La última presentación de la jornada estuvo a cargo de la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, quien abordó los principales desafíos que enfrenta actualmente la economía chilena, entre ellos la guerra en Medio Oriente y su impacto sobre el precio del petróleo.
“A futuro se espera que los precios del petróleo y sus derivados bajen, pero no sabemos si volverán a los niveles de febrero. El dólar ha subido, lo que ha provocado volatilidad en los mercados”, explicó la economista.
Además de referirse a los efectos de la inflación, Costa centró parte de su exposición en el sistema de pagos digitales en Chile.
“Chile fue pionero en los sistemas de pagos entre bancos. Actualmente, el 67% de las transferencias son entre personas y solo el 10% corresponde a pagos hacia compañías. El Banco Central ha impulsado mejoras para que las empresas accedan a mecanismos de pago que ya son comunes en otros países”, explicó.
En ese contexto, detalló que la institución ya inició conversaciones con distintos actores del sistema financiero para fortalecer el desarrollo de pagos instantáneos. “Nuestra meta es que a fines de año podamos consolidar estos sistemas. Es importante destacar que esta agenda no busca reemplazar el pago con tarjetas, sino ampliar las alternativas disponibles”, afirmó.
Obras Públicas hace llamado a inversionistas estadounidenses
En otra de las exposiciones de la jornada, el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda Jimeno, presentó el plan de infraestructura que impulsa el MOP.
Según explicó, el ministerio identificó 70 proyectos prioritarios que totalizan US$28 mil millones, incluyendo carreteras, aeropuertos, hospitales, cárceles y otras obras públicas. A ello se suma una inversión en plantas desalinizadoras para incorporar 988 metros cúbicos de agua potable, además de otros US$17 mil millones destinados a conectividad.
Actualmente existen 19 contratos público-privados en construcción, equivalentes a US$5.384 millones, además de 81 contratos activos por cerca de US$30 mil millones. Para el periodo 2026-2030 se proyecta sumar otros US$14.700 millones, concentrados principalmente entre 2026 y 2028, con foco en hospitales y recintos penitenciarios.
El subsecretario llamó a los inversionistas extranjeros a acercarse al ministerio para fomentar la competencia en concesiones. “Tenemos que mejorar nuestra capacidad penitenciaria debido al hacinamiento que existe hoy en las cárceles chilenas. Para ello buscamos crear 20 mil nuevas plazas”, explicó.
También señaló que el Ejecutivo busca integrar complejos fronterizos mediante la concesión del Paso Los Libertadores y la reestructuración de pasos fronterizos en el norte del país.
“Esta es una invitación a los inversionistas internacionales a venir a Chile. Ya lo han hecho canadienses, españoles, franceses e italianos, y no veo por qué no podrían hacerlo inversionistas estadounidenses”, afirmó.
Tras su exposición, Balmaceda conversó con el director de InBest Chile Day, Alfredo Ergas, instancia en la que enfatizó la importancia del respeto al marco jurídico para entregar seguridad a los inversionistas.
El subsecretario, quien ejerció durante 30 años como abogado especializado en infraestructura, aseguró que “en Chile no existe discriminación para favorecer a inversionistas nacionales en desmedro de los extranjeros. Entendemos que la única forma de atraer nuevos negocios es respetando el Estado de derecho”.
Respecto de la denominada “permisología”, indicó que el objetivo es reducir en un 30% los tiempos de tramitación. “Sabemos que sigue siendo demasiado, especialmente en proyectos mineros que pueden tardar hasta ocho años en aprobarse. Por eso ya estamos impulsando cambios, particularmente en la Dirección General de Aguas, que es la segunda entidad con mayores retrasos”, señaló.
Finalmente, Balmaceda sostuvo que el objetivo del gobierno es dejar “una planificación seria en infraestructura, que priorice proyectos desde una perspectiva técnica y que no cambie con cada gobierno. También queremos dejar un sistema claro que explique cómo alcanzar esa meta”.
