Fue el miércoles de esta semana, en la sala 315 de la Cámara de Diputados, que las seis bancadas de oposición se reunieron para acordar una estrategia común frente a la megarreforma impulsada por el Gobierno del presidente Kast. En la cita, a la que asistieron representantes del PC, FA, PS, PPD, PL y la DC, se concluyó que, en las condiciones actuales, es “imposible” respaldar el proyecto. De hecho, todas las fuerzas políticas —a excepción de la DC— se comprometieron a rechazar la idea de legislar.
Sin embargo, la estrategia concreta para hacer frente al proyecto emblema del Ejecutivo se fraguó en una instancia paralela y a la misma hora. También en las inmediaciones del Congreso, los coordinadores legislativos y asesores económicos de las bancadas de la izquierda se reunieron para delinear una acción común frente al frenético cronograma impuesto por el presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero (Partido Republicano).
Según lo establecido por el diputado (en acuerdo con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz), el proyecto debería estar saliendo de la comisión el próximo miércoles tras su aprobación en general durante la jornada de ayer jueves. Esto, a contrapelo de los solicitado por la izquierda que solicitó más tiempo para la discusión en particular y establecer una mesa técnica para acercar posiciones. Dichas peticiones fueron desechadas por el Gobierno y el oficialismo.
En respuesta a esa actitud de “intransigencia”, como lo catalogan en la oposición, es que los asesores de las bancadas —liderados por el coordinador socialista, Nicolás Facuse— acordaron presentar una extensa lista de indicaciones al proyecto de Reconstrucción. De momento se habla de dos mil a tres mil indicaciones entre las cinco bancadas de izquierda y centro izquierda.
Dado el carácter misceláneo de la iniciativa en discusión, la oposición tiene amplia facultad para ingresar artículos correctivos, adictivos o simplemente nuevos al proyecto del Gobierno. La única condición es que estas indicaciones no impliquen gasto fiscal, atribución exclusiva del Poder Ejecutivo. En caso contrario, estas deberían ser declaradas como inconstitucionales por la secretaría de la comisión de Hacienda.
El problema para el Gobierno es que las indicaciones de índole tributarias, en su gran mayoría, suelen ser ambiguas a nivel jurídico, lo que implica una extensión en el debate respecto a su admisibilidad. Por otro lado, Romero dejó plazo hasta el lunes a la media noche para ingresar las indicaciones y la oposición planea tomarse todo el tiempo necesario para ejercer la facultad de ingresar correcciones.
A esas consideraciones técnicas se suma el factor humano y logístico. Hacienda cuenta con sólo cuatro abogados: la secretaria ejecutiva, Alejandra Vergara; la abogada encargada de la secretaría, María Eugenia Silva; y las profesionales asistentes, Gabriela Carvajal y Lía Arroyo. Ellas deben confeccionar el informe comparado, insumo esencial que contrasta los artículos originales y las indicaciones a votar. Sin ese material, los diputados están impedidos de votar y discutir las correcciones al proyecto. Desde ya en el oficialismo advierten que es prácticamente imposible tener listo el documento a las 10 AM del martes, horario en que Romero planea citar a sesionar para comenzar la discusión en particular.
Consultado por EL DÍNAMO, el jefe de bancada del PS, Raúl Leiva, defiende la legitimidad de la presentación de las indicaciones argumentando “lamentablemente, pese a nuestros esfuerzos como bancada, cada uno de nuestros planteamientos ni siquiera ha sido atendido debidamente”. También aseguró que los planteamientos que se harán son “serios y responsables”.
En esa línea, apunta a que las indicaciones responden a las “deficiencias técnicas” del proyecto que “comprometen, a nuestro juicio, la sostenibilidad fiscal; tal como lo han señalado el Consejo Fiscal Autónomo, expertos nacionales e instituciones como el Fondo Monetario Internacional e instituciones financieras como JP Morgan”.
La furia de La Moneda
La estrategia de la oposición para obstaculizar la tramitación de la megarreforma desató la furia del presidente y sus ministros. Y es que en caso de que el proyecto no pueda avanzar esta semana en Hacienda, sería prácticamente imposible despachar la iniciativa al Senado antes de la Cuenta Pública, deseo que el mandatario transmitió a los ministros Quiroz, Alvarado y García.
El enojo de La Moneda llegó a tal punto que fue el mismo mandatario, en medio de su gira en Costa Rica, que emplazó a la oposición. “Lamento mucho que el objetivo de parte de la oposición sea obstaculizar y boicotear. El Proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social busca recuperar el crecimiento y el empleo para Chile”, sostuvo el jefe de estado en su cuenta de X (antes Twitter).
A la arremetida se sumaron la vocera de Gobierno, Mara Sedini, y el ministro de Economía, Daniel Mas.
La portavoz de La Moneda calificó la actitud de la oposición como “una falta grave, una falta de respeto a la gente y es una falta de respeto al Congreso” y apuntó a un “sabotaje legislativo del proyecto reconstrucción”.
El ministro Mas, por su parte, comentó que “todo indica que cierta parte de la izquierda decidió darle la espalda al crecimiento, el empleo y la inversión, y hará todo tipo de artimañas para obstruir el proyecto de Reconstrucción”.
