El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) publicó un informe detallado sobre el nivel de acogida de sus recomendaciones para mitigar los riesgos fiscales asociados a la reforma previsional recientemente promulgada.
El análisis reveló que, de once riesgos identificados en enero de este año, seis fueron abordados íntegramente, tres parcialmente, uno no fue acogido y un otro se encuentra en evaluación.
Sin embargo, el CFA enfatiza que dos riesgos de alta prioridad —análisis que dejó fuera todo lo que no tuviera que ver con los efectos fiscales— no han sido gestionados adecuadamente por el Ejecutivo. Estas observaciones se refieren a temas clave de financiamiento y control fiscal.
El primer riesgo, que no fue plenamente acogido, se relaciona con la dependencia de la Ley de Cumplimiento Tributario como fuente principal de ingresos permanentes para cubrir el mayor gasto público que implica la reforma de pensiones. El CFA propuso limitar en un nivel más bajo los compromisos de gasto fiscal y aumentarlos solo si se cumplen ciertas metas de recaudación, utilizando mecanismos automáticos de activación.
El segundo involucra la creación del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), que se ubicará fuera del Gobierno Central. Al no estar sujeto a las reglas fiscales vigentes en Chile, el FAPP limitaría el monitoreo del CFA y debilitaría la supervisión de la deuda pública. Así, el Consejo sugiere establecer mecanismos que integren este fondo al marco fiscal vigente.
El impacto de la reforma de pensiones
Según cifras de la Dirección de Presupuestos (Dipres), la reforma previsional generará un impacto fiscal neto de 0,37% del PIB en 2027 y de 1,04% del PIB en equilibrio de largo plazo, como resultado del aumento en las cotizaciones, la ampliación de la cobertura previsional y el incremento de la Pensión Garantizada Universal (PGU). Además, contempla mayores recursos para fortalecer las instituciones responsables de la administración y supervisión del sistema de pensiones.
El CFA advierte que los riesgos no mitigados de la reforma de pensiones aún requieren acciones urgentes, ya sea a través de sus recomendaciones o mediante medidas alternativas que cumplan con los mismos objetivos.
Asimismo, subraya la importancia de mantener una vigilancia fiscal constante, especialmente en un contexto de estrechez presupuestaria, y de dotar al Estado de herramientas ágiles para corregir desviaciones respecto de las metas de Balance Estructural (BE) y sostenibilidad de la deuda.
