Menos de dos semanas después de que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) emitió una norma que puso fin al feriado bancario del 31 de diciembre, un grupo de senadores presentó un proyecto para reponerlo.
La iniciativa, que elaboró la senadora de Demócratas Ximena Rincón, cuenta con el apoyo de los legisladores Matías Walker (Demócratas), Fidel Espinoza (PS), Gastón Saavedra (PS) y Ricardo Lagos Weber (PPD).
Según argumentó en su momento la CMF, la finalización del feriado bancario estaba incorporada en las modificaciones introducidas por la Ley Fintech, algo que refutó Rincón, quien aseveró que ese tema no se debatió en el Parlamento en el marco de la referida norma.
En esa línea, el proyecto presentado por los legisladores consigna que “no existe en los antecedentes legislativos un debate orientado a analizar la conveniencia o inconveniencia de mantener dicho feriado. Lo que se hizo fue reemplazar la norma completa con un nuevo texto que regula condiciones mínimas de atención al público, sin volver a consignar el feriado del 31 de diciembre”.
“La ausencia de discusión específica impide sostener que el Congreso haya querido deliberadamente privar a las instituciones bancarias y a sus trabajadores de un feriado que formaba parte de la tradición normativa. Lo ocurrido obedece a una omisión material, más que a un cambio de política pública discutido y resuelto“, añade el texto al que accedió La Tercera.
Los argumentos de los senadores para reponer el feriado bancario
De acuerdo con lo argumentado por los legisladores, el fin del feriado bancario “no sólo genera un aumento innecesario en los costos operacionales, sino que además se contrapone con el propio objetivo declarado por la CMF (…) que es fomentar el uso de tecnologías que mejoren el acceso y la calidad de los servicios financieros”.
Añaden que “el feriado bancario del 31 de diciembre ha sido, por décadas, una práctica institucional orientada a que bancos y entidades financieras ejecuten procesos internos esenciales para el cierre del ejercicio anual“.
“No se trataba de un feriado tradicional, sino de una jornada técnica indispensable para resguardar la estabilidad y seguridad del sistema financiero, evitando riesgos operativos y garantizando el cumplimiento de obligaciones contractuales y regulatorias, tanto a nivel nacional como internacional”, plantean los senadores en el proyecto de ley.
A la vez, alertaron que “la derogación implícita de esta práctica, al imponer la apertura de sucursales en dicha fecha, rompe un equilibrio que demostró ser funcional y eficiente, alterando un orden que ha asegurado por años la continuidad y solidez operativa, y generando impactos negativos de relevancia“.
En la parte final de la iniciativa legal se plantea que “la reapertura de sucursales el 31 de diciembre no representa una mejora efectiva para la ciudadanía, sino un retroceso hacia modelos de atención presencial de bajo valor agregado, con un costo operativo, humano y estratégico desproporcionado frente a su impacto real en la calidad del servicio“.
