Macarena Ripamonti, alcaldesa de Viña del Mar, expresó sus cuestionamientos al proceso desarrollado por la Superintendencia de Casinos y que terminó con aceptar la petición de Enjoy de renunciar a la operación del tradicional casino de la Ciudad Jardín.
Esto, luego que el Consejo Resolutivo de la Superintendencia autorizara la solicitud de la empresa para dejar de operar la concesión del inmueble en 2028.
En base a los ingresos brutos que generó el casino de juego de Viña del Mar en 2024, se estima que el impacto fiscal y económico derivado de la decisión adoptada por el Consejo Resolutivo permitirá, durante los próximos tres años, una recaudación superior a los $65.459 millones. De ese total, $29.167 millones corresponderían al impuesto específico al juego, $27.709 millones al IVA, y $8.582 millones al impuesto por entrada.
El organismo puntualizó que “se deberá iniciar un nuevo proceso de licitación para la comuna de Viña del Mar. Para tales efectos, el Consejo Resolutivo de la Superintendencia determinará las condiciones especiales para el otorgamiento del permiso de operación, que considerarán, entre otras, una oferta económica mínima garantizada, la construcción o ampliación de la infraestructura turística de la comuna y el porcentaje de las personas que trabajan en el casino de juego que continuarán prestando servicios. La propuesta que formule la Superintendencia deberá efectuarse previa audiencia con la municipalidad”.
Los dardos de Ripamonti a la gestión de Enjoy en el casino de Viña del Mar
Tras conocerse la autorización para que Enjoy deje la administración del casino de Viña del Mar en 2028, la alcaldesa Macarena Ripamonti lanzó duros dardos a la gestión de la concesionaria, argumentando “esta votación es una nueva señal de que, en la industria de los casinos, las reglas no se aplican por igual. Las cartas están marcadas y siempre favorecen a los mismos actores”.
“La insolvencia de Enjoy era un hecho conocido por la Superintendencia desde hace más de seis años y, aun así, en reiteradas ocasiones optó por modificar la normativa para acomodarse a sus intereses, en lugar de resguardar el interés público”, puntualizó la jefa comunal.
Junto con ello, dejó ver que “no hay certezas sobre los ingresos de nuestra ciudad a partir del 2028, y eso es profundamente injusto”, por lo que llamó al gobierno central a “establecer una oferta mínima garantizada, que asegure, como la ley exige, los ingresos de la ciudad de Viña del Mar y, en segundo lugar, adjudicar una nueva licencia este mismo año, acelerando todos los plazos”.
“Nuestra expectativa es sencilla: que el gobierno y especialmente Hacienda, emitan una declaración pública donde se comprometan con Viña del Mar. Necesitamos una declaración, ya que tenemos experiencia escuchando palabras que luego se las lleva el viento”, sentenció.
