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Ramón Galaz, socio fundador de Valgesta Energía: “Deberíamos hacer un ejercicio de cómo reformular el proceso tarifario”

En conversación con EL DÍNAMO, el ingeniero abordó los alcances de los errores en la tarifa de la luz que han desatado toda una polémica en las últimas semanas.

La polémica por las tarifas de la luz se ha tomado la agenda esta semana. Y las polémicas siguen generando diversas opiniones.

Con más de tres décadas de experiencia en el diseño de políticas públicas y regulación eléctrica, el socio fundador de Valgesta Nueva Energía, Ramón Galaz, plantea que la fijación de tarifas en Chile requiere una institucionalidad más autónoma y robusta.

El ingeniero Civil Industrial y MBA destaca que los errores en el sistema no responden a mala fe, sino a la complejidad de un proceso que urge modernizar.

La consultora reveló esta semana una minuta donde señaló que el traspaso efectivo del mayor costo en los precios de la luz fue de US$2 millones de manera efectiva, lo que desató la polémica. En conversación con EL DÍNAMO, Galaz explicó los detalles.

– Las empresas y las autoridades han reconocido la complejidad de fijar y definir las tarifas eléctricas. ¿Cómo califica el modelo chileno?
– Siempre se pueden cometer errores, sobre todo en procesos complejos. Lo clave es contar con una institución robusta, fuerte y con buenos mecanismos de contrachequeo, de manera que la revisión o el cálculo se lleven de la manera más rigurosa posible. En ese contexto, los mercados más desarrollados justamente apuntan en esa línea.

– ¿La Comisión Nacional de Energía (CNE) cumple bien ese rol?
– Si bien la CNE tiene el rol de fijar tarifas, también cumple otras funciones que complejizan su operación. Pese a ello, es un organismo altamente técnico y especializado. Pero en el pasado también se cometieron errores.

– ¿Y la responsabilidad de las empresas?
– Por el lado de las empresas, la responsabilidad es revisar al detalle la información que entrega el regulador, de manera de hacer las observaciones de la forma más correcta y precisa. Sin embargo, la cantidad de información que se maneja es tan alta que probablemente también podrían cometer errores. Me cuesta pensar que haya mala fe.

– ¿Cree que deberían hacerse modificaciones en la CNE?
– Dado que se ha complejizado tanto el proceso tarifario y que hoy presenta atrasos relevantes -los decretos tarifarios están todos atrasados: el de transmisión lleva dos años y el de distribución casi cuatro-, deberíamos hacer un ejercicio de cómo reformular este proceso tarifario de manera integral.

– ¿A qué objetivos debería apuntar?
– Desde mi perspectiva, lo que uno debiera buscar es que estos procesos tarifarios estén desacoplados del ciclo político, de manera que cada vez que se fijan las tarifas no se intenten hacer ajustes que van más allá de lo estrictamente eléctrico. Para que ello ocurra, me parece que la Comisión Nacional de Energía debiera ser una institución autónoma e independiente, más cercana a un organismo colegiado, como por ejemplo la Comisión para el Mercado Financiero.

– ¿Cree que la CNE sigue ese ciclo político?
– Hoy efectivamente la Comisión Nacional de Energía, aunque no debiese ser así porque su secretario ejecutivo se nombra por Alta Dirección Pública, sí sigue el ciclo político. En general, cuando cambia el gobierno, cambia el secretario general, y me parece que se debe avanzar en mayor autonomía.

– Respecto al análisis que realizaron, ¿por qué serían US$2 y no US$100 los saldos cobrados de más?
– Hicimos un análisis muy detallado de los últimos informes técnicos del precio nudo desde 2017 en adelante. Ahí hay una parte de la fijación de tarifas donde se internalizan los saldos pendientes, y el punto está en cómo se deben cargar esos saldos. Finalmente hubo un criterio en que se aplicó IPC más intereses corrientes. En consecuencia, cuando se intenta reconstruir la historia con la ley de estabilización tarifaria, se cambia la base de esos saldos desde pesos chilenos a dólares.

– ¿Qué efectos habría tenido?
– Desde nuestro punto de vista, el error comienza cuando se descongelan las tarifas. Se lleva la diferencia en dólares a pesos, y a esos montos se les aplica el reajuste, que corresponde a interés corriente para operaciones no reajustables, más IPC.

– Y en las cuentas?
– Al aplicar una metodología que no era la correcta, se genera un sobrecosto que equivale a entre 110 y 115 millones de dólares, dependiendo del tipo de cambio que se use. Lo que sucede es que la ley establece cuál es el tratamiento que se debe dar a esos saldos pendientes, y señala que para ciertos periodos los saldos son reconocidos en documentos de pago. Al hacer ese desglose, de estos 115 millones de dólares, parte de ellos se incorporaron inmediatamente a la tarifa y otra parte quedó en esos documentos de pago.

– ¿Eso reduciría el impacto?
– Revisamos todos los decretos desde cuándo empezó este efecto y aún no se han pagado esos saldos. Lo que habría que corregir entonces son los documentos de pago futuros, y no pensar que eso ya fue ejecutado en la tarifa. A nuestro juicio, están a tiempo de buscar la fórmula para corregirlo. Según nuestra interpretación, ese 2% corresponde a como si se hubieran pagado los 110 o 115 millones de dólares.

En el otro caso, el de Transelec, también se ha señalado una complejidad del sistema. ¿Le parece correcto que las empresas sean quienes reporten estos errores?
– Específicamente, la ley eléctrica no define el concepto de autodenuncia, por lo tanto no hay una regla establecida respecto de este punto. Sin embargo, hay otras partes de la ley que establecen que la empresa está obligada a informar correcta y fidedignamente, y en ese contexto, si la empresa identificó un error, debe reportarlo.

– ¿Pero es una debilidad del sistema?
– Nuevamente voy a la complejidad del proceso. La cantidad de información que se maneja en estos casos es tan alta que me parece que se debiera avanzar, aprovechando el desarrollo tecnológico, hacia herramientas que permitan hacer chequeos y contra chequeos para identificar este tipo de problemas.

– ¿Le parecen adecuados los montos que acordaron con la autoridad?
– Aquí hay que diferenciar que cuando se paga de más, eso se tiene que devolver. Y si hay que aplicar multas, están establecidas en la ley. Hay que aclarar que se compensa cuando no se entrega el suministro eléctrico, y se devuelve, con los reajustes e intereses que correspondan, cuando existen estos errores.

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