La Encuesta de Delitos Económicos 2025 elaborada por Deloitte —que recopiló respuestas de 92 compañías de sectores como Energía, Consumo, Industriales y Servicios Financieros— revela que el primer año de vigencia de la nueva Ley de Delitos Económicos dejó avances importantes, pero también brechas significativas en capacidades internas, uso de tecnología y gestión de riesgos.
El estudio muestra que el 74% de las empresas ya actualizó su Modelo de Prevención de Delitos (MPD), mientras un 18% está en proceso. Sin embargo, un dato preocupante es que 17% aún no designa formalmente al Encargado de Prevención de Delitos, a pesar de la centralidad de este rol en la normativa.
La madurez en gestión de riesgos también avanza: 84% realizó evaluaciones, y 71% identificó los procesos expuestos. Pero un 13% todavía evalúa riesgos sin asociarlos a procesos, lo que limita la efectividad de los controles.
En cuanto a formación, 77% impartió capacitaciones sobre el MPD, aunque 32% de los equipos encargados de investigaciones internas no ha recibido entrenamiento especializado, un punto crítico considerando las exigencias de la Ley Karin.
Tecnología: la gran deuda del primer año
El hallazgo más llamativo del estudio es la brecha tecnológica. Pese al aumento de delitos incorporados por la nueva ley —más de 240—, 69% de las empresas no utiliza plataformas tecnológicas para la gestión de riesgos y 76% no usa analítica avanzada ni inteligencia artificial para la detección temprana de irregularidades.
Según los socios de Deloitte Forensic, Pedro Trevisan y Verónica Benedetti, “las organizaciones reforzaron procesos y equipos, pero la tecnología sigue siendo el terreno pendiente. Los modelos de prevención requieren herramientas que permitan anticipar riesgos y no solo reaccionar frente a ellos”.
Presupuestos divididos
El estudio revela además que el ajuste presupuestario no ha sido uniforme: mientras 51% aumentó los recursos de Compliance, casi la misma proporción (49%) los mantuvo o redujo, pese a la complejidad creciente del marco regulatorio.
En canales de denuncia, 89% de las empresas cuenta con uno, y más de la mitad opera a través de un proveedor externo. Sin embargo, solo 19% realiza evaluaciones técnicas de seguridad como ethical hacking, lo que deja flancos abiertos en confidencialidad y protección del denunciante.
En su análisis, Deloitte advierte que las organizaciones están dando pasos importantes, pero que la sostenibilidad del cumplimiento dependerá de cerrar brechas en tecnología, profesionalizar equipos y mantener modelos vivos y actualizados, capaces de responder a riesgos en constante evolución.
