El futuro de BordeRío, el histórico polo gastronómico de Vitacura, hoy se define en los tribunales. La trama judicial detrás de la concesión del proyecto continúa añadiendo antecedentes, ya que ahora la sociedad ganadora de la licitación, Consorcio Parque Río, se sumó a la causa criticando la judicialización de la propuesta perdedora y defendiendo la legalidad del proceso.
La disputa ha mantenido paralizado el contrato, generando un clima de incertidumbre que ya cobró sus primeras víctimas: el cierre definitivo de restaurantes icónicos como Zanzíbar y Bar Santiago.
Toda la controversia surgió cuando el consorcio perdedor de la licitación de BordeRío, Minera y Constructora Río Grande SpA, llevó el caso al tribunal, cuestionando el criterio de la Municipalidad de Vitacura al adjudicar el proyecto a la otra sociedad que competía.
En este marco, hace unas semanas, Nicolás del Río, representante de Minera y Constructora Río Grande, explicó a EL DÍNAMO que objetaron la adjudicación por supuestos vicios en el proceso.
Según sostiene, hubo correcciones de oficio en la propuesta ganadora y la municipalidad adjudicó a una Unión Temporal de Proveedores (UTP) conformada por Gestión y Administración de Parques SpA y Arquitectura, Ingeniería y Construcción Diseñar SpA, pese a que esta última habría acompañado una declaración jurada “no veraz”, al omitir la existencia de uno de sus socios. Dicha omisión, afirma, está sancionada en las propias bases de la licitación, en el numeral 23 relativo al “Pacto de Integridad”.
Desde el punto de vista económico, la propuesta de Río Grande era superior, aunque su evaluación técnica obtuvo menor puntaje. “Más que verlo solo como un negocio, para nosotros es una oportunidad real de recuperar y revitalizar un sector muy emblemático de la comuna, con una ubicación privilegiada y un potencial enorme” afirmó Del Río. Por ello, señaló que el objetivo de la empresa es que se suspenda la adjudicación, se revise el proceso y se retrotraiga la evaluación de las ofertas.
Consorcio Parque Río defiende la legalidad del proceso en licitación de BordeRío
Bajo este contexto, la ganadora de la licitación, Consorcio Parque Río, salió al paso y defendió la legalidad del proceso a través de un escrito de 11 páginas que presentó ante el Tribunal de Contratación Pública, donde solicitó el rechazo total de la demanda interpuesta por Minera y Constructora Río Grande SpA, con costas, y pidió además que no se otorguen nuevas prórrogas a la suspensión del procedimiento que ha impedido la firma del nuevo contrato de concesión.
En este sentido, respondió cada uno de los puntos de la demanda de la sociedad perdedora, que acusó la existencia de una declaración jurada falsa, que la evaluación técnica no se ajustó a las bases de licitación, entre otros.
Respecto a la controversia por la declaración jurada, el consorcio detalló que “mediante certificados oficiales emitidos por el Ministerio de Economía, el consorcio acredita que al momento de presentar su oferta la empresa contaba con un único accionista, coincidiendo plenamente con lo declarado en la declaración jurada exigida por las bases”.
De esta forma, asegurando que “no existe falsedad ni omisión de información relevante, quedando desvirtuada la principal imputación de la demanda”.
En cuanto a la evaluación técnica, la empresa aseveró que “se realizó siguiendo estrictamente la metodología definida en las Bases Administrativas Especiales”, añadiendo que el procedimiento “garantiza trazabilidad, transparencia y control, descartando cualquier arbitrariedad o discrecionalidad en la asignación de notas”.
En este marco, el consorcio sostuvo que “no se cumplen los requisitos legales para mantener la suspensión del procedimiento, ya que el principal fundamento invocado (la supuesta falsedad documental) fue desmentido con antecedentes públicos contemporáneos al cierre de la licitación”.
Siguiendo en esa línea, desde Parque Río advirtieron que “la mantención de la suspensión genera un impacto significativo en el adjudicatario, quien mantiene vigentes garantías y pólizas que implican costos financieros relevantes, además de paralizar inversiones comprometidas. A ello se suma el efecto negativo sobre la gestión y conservación del espacio público, afectando a operadores, usuarios y a la comunidad en general”.
“Desde esta perspectiva, la medida resulta desproporcionada, ya que provoca perjuicios concretos sin existir fundamentos sólidos que la justifiquen, vulnerando el principio de equilibrio entre los intereses en juego”, se lee en el escrito.
