Este martes tuvo lugar una exposición del Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, ante la Comisión de Educación de la cámara de Diputados.
Sin mucho rodeo, la conclusión de Bermúdez fue tajante: “algunos aspectos del proyecto afectan el buen uso de los recursos”.
La alerta que entregó el jefe del ente administrativo, según publica La Tercera, apunta a que existe una suerte de contraposición entre la labor de la Contraloría, y la Superintendencia de Educación superior, la que se estaría creando con este proyecto.
El Contralor planteó que la reforma “al señalar que corresponde exclusivamente a la superintendencia la potestad sancionatoria” de las infracciones de los planteles educacionales, se estarían provocando “distorsiones”, como dejar exclusivamente en sus manos la fiscalización y excluir a la contraloría de esta función.
“Debiese permitirse en el proyecto una fiscalización estratégica, que es la que ejerce históricamente la Contraloría sobre aspectos claves, y una fiscalización operativa, que es la supervisión de aspectos del día a día”, sugirió la autoridad.
Asimismo, agregó que esta forma de operar estaría dejando fuera sanciones penales que actualmente sí existen. En ese sentido, “destinar recursos que son públicos a un fin distinto al que se señaló en la ley no es una cuestión administrativa, sino que una cuestión penal. Por tanto, si (la reforma) utiliza la expresión exclusiva, quiere decir que está sacando de acá figuras que son de carácter penal. Por ejemplo, malversación de recursos públicos por la desviación en su uso podría ser constitutivo de delito. Cuando dice que es exclusivamente, quiere decir que no cabe la figura penal. Por lo tanto, esto nunca podría ser sancionado penalmente, eso es una consecuencia relevante”.
Problemas de diseño serían los que afectan al proyecto de superintendencia, la que “no cuenta con la autonomía constitucoinal que tiene la Contraloría y, en segundo lugar, la legitimación democrática indirecta que tiene el contralor, que no tendría este jefe de servicio”. A lo que se refiere es que el próximo superintendente puede ser removido por el Presidente de la República por causas asociadas a un cargo de extrema confianza.
En pocas palabras: “así como está ahora el proyecto, cambiaría el superintendente cada vez que cambia un gobierno”.
