A tres meses de que el Ejecutivo presentó su proyecto de reforma a la educación superior y la iniciativa aún sigue en el Congreso. Mientras que la Nueva Mayoría y el Cruch redactaron en conjunto un acuerdo con los cambios que a juicio de ellos se le debe hacer a la propuesta, los CFTs acreditados que están agrupados en “Vertebral”, también presentaron sus propuestas de modificación.
Una de sus principales preocupaciones es que la “propuesta de gratuidad es inconstitucional de acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional”. El año pasado, el TC consideró que los requisitos que exigía la glosa presupuestaria del gobierno para seleccionar qué alumnos accederían a la gratuidad eran arbitrarios y discriminatorios, y falló en contra.
En esta oportunidad Vertebral aseguró que sucede lo mismo, ya que como requisito para acceder a la gratuidad el nuevo proyecto exige que las instituciones sean “sin fines de lucro”, siendo que el estudiante puede tener iguales méritos académicos y niveles de pobreza en una institución con y sin fines de lucro. Ademàs señalaron las dificultades que puede tener un CFT e IP para cambiar de sistema.
“Es discriminatorio exigir a los estudiantes que quieran optar al beneficio de la gratuidad otros requisitos ajenos a su condición personal y académica y que son de directa responsabilidad de las instituciones a las cuales pertenecen. Es decir, que el gobierno no puede discriminar al estudiante por la naturaleza jurídica de la institución o por otras condiciones de las instituciones, salvo aquellas relacionadas directamente con la calidad, como es la acreditación”, dicen en el documento.
La agrupación asegura que no solo se está discriminando en el proyecto, sino que al igual que el año pasado, en la glosa presupuestaria 2017. Desde el Mineduc, respondieron a La Tercera que “la gratuidad no es un aporte que va al estudiante, sino que es un aporte institucional y, como tal, el Ministerio de Educación tiene derecho a poner requisitos a los planteles que participan de este tipo de aportes”.
