Una demanda de los trabajadores podría tener una nefasta consecuencia para la Pontificia Universidad Católica (UC): podría perder el financiamiento estatales.
Mientras el rector Ignacio Sánchez celebraba el acuerdo con el Gobierno para reponer los dineros del Aporte Fiscal Indirecto, salió a la luz una sentencia que pone en riesgo los contratos que tiene la casa de estudios con el Estado por un plazo de dos años.
Según El Mostrador, las prácticas antisindicales se encuentran entre los estándares de una vulneración a derechos fundamentales, y es por esto que una de las sanciones a las que se arriesga la Universidad Católica es la prohibición de celebrar contratos con el Estado y el ingreso de recursos durante dos años.
El dictamen por prácticas antisindicales corresponde a una acción judicial interpuesta por el sindicato de trabajadores de la Facultad de Medicina de la UC.
Desde la organización de trabajadores revelan que la universidad, entre sus prácticas antisindicales, pagaba más a los trabajadores no sindicalizados o promovía la desafiliación sindical con incentivos económicos.
