El caballo de troya de la reforma a las estatales
"Que la reforma a la educación apunte a un trato preferente hacia las instituciones estatales es absolutamente necesario y hoy nos encontramos ante la posibilidad histórica de cambiar el modelo actual".
Por Victor Tapia, Makarena Arias Matilde Méndez
Victor Tapia, Makarena Arias Matilde Méndez es Víctor Tapia Presidente Federación Estudiantes U. De Antofagasta Makarena Arias Presidenta Federación Estudiantes U. De Atacama Matilde Méndez Secretaria General FECH
El pasado martes 6 de Junio ingresó al Senado el proyecto de ley de universidades del Estado, el cual pretende fortalecer el rol que estas casas de estudio deben cumplir si queremos construir una educación al servicio de un nuevo modelo de desarrollo nacional y regional. Si bien consideramos del todo necesario que se impulse una ley que regule y genere instrumentos que fortalezcan a las universidades del Estado, constatamos la presencia de elementos conflictivos, en especial en lo relativo al gobierno de las instituciones, donde la comunidad universitaria queda solo con funciones consultivas, además de la precariedad laboral de los funcionarios de las universidades estatales. Esto nos pone en la necesidad de disputar los contenidos del actual proyecto de ley, siendo esta la oportunidad de luchar por la incorporación de las demandas del Movimiento Estudiantil.
En este proyecto se establece un plan de fortalecimiento a 10 años por un monto de 150 mil millones de pesos, lo que sin duda marca un precedente en torno a la idea de dar un trato preferente a las instituciones estatales, pero el cual aún resulta insuficiente para abarcar los desafíos a los que se enfrentan las universidades del Estado en el rol que se les adjudica. Resulta trascendental que estos fondos se incrementen y se dirijan prioritariamente a aumentar la matrícula de las universidades estatales, especialmente las de regiones, lo que es imperante para proyectar un sistema que en un futuro sea hegemónicamente público, puesto que han sufrido de forma más evidente las consecuencias del abandono del estado.
Respecto de la propuesta de gobierno universitario, nuestra lucha es por un gobierno democrático, con participación activa y vinculante de la comunidad, inserta en una lógica colaborativa con el Estado, en pos de la fijación de la estrategia de desarrollo de las universidades estatales. En ese sentido, es necesario abordar dos aspectos esenciales del proyecto: en primer lugar, la composición del Consejo Superior y, en segundo lugar, las atribuciones tanto de dicho Consejo como las del Consejo Universitario, el que debe ser preponderante. Por un lado, se debe garantizar la participación de toda la comunidad universitaria en la toma de decisiones y disminuir la del Estado y, por otro, reemplazar la actual concepción del Consejo Universitario por una en la que la comunidad esté empoderada y con atribuciones reales, mayores a las del Consejo Superior y no meramente consultivas.
Respecto de la elección de Rector o Rectora, apostamos a la derogación de la ley 19.305, que excluye de dicho proceso a estudiantes, funcionarios y parte de la planta académica, siendo central la discusión de los nuevos estatutos de cada universidad, para lo cual el actual proyecto debe dejar abierta la posibilidad de la participación de la comunidad en un proceso democrático de elaboración de dichos cuerpos normativos.
En cuanto a las condiciones laborales, desde los gremios de funcionarios se ha visto con alarma y preocupación la creación de una carrera funcionaria en base a reglamentos de cada institución, lo que implica un verdadero riesgo mientras no existan condiciones democráticas en los organismos de gobierno universitario. Por otro lado, debemos poner al centro el término de externalización de trabajos y funciones, resguardando que las labores funcionarias y administrativas no se desarrollen en base a aumentar la base de trabajadores honorarios, asegurando trabajo estable y el fortalecimiento de la comunidad universitaria.
Que la reforma a la educación apunte a un trato preferente hacia las instituciones estatales es absolutamente necesario y hoy nos encontramos ante la posibilidad histórica de cambiar el modelo actual, por uno en el cual la educación sea vista como un derecho social garantizado por el Estado. Es por esto que los estudiantes consideramos necesario seguir disputando el contenido de los proyectos de ley, los que sentarán las bases para la educación del país, y así, contribuir a la formación de nuevos y mejores profesionales, investigadores e investigadoras para hacer frente a los desafíos actuales y futuros del país.
