Días atrás se conoció que el Gobierno decidió “congelar” el aporte por gratuidad que se entrega a los colegios, bajo la Ley de Inclusión, municipales y particulares subvencionados que sean gratuitos, sin fines de lucro y estén suscritos a la Subvención Escolar Preferencial (SEP).
La asignación es uno de los incentivos, junto al aumento de subvenciones, para que colegios particulares subvencionados optaran por terminar con el cobro del copago que realizan a las familias y comenzaran a ser gratuitos.
El monto del aporte por gratuidad iría subiendo progresivamente en tres etapas: en 2016 fue de cerca de $5 mil por alumno, en 2017 de $8.393 y en 2018 correspondía que aumentara a $10.791. Sin embargo, el Ejecutivo estableció en el proyecto de Ley de Presupuesto que el monto del aporte por gratuidad se mantendrá en 2018 en los $8.393 actuales y no se incrementará como estipula la Ley de inclusión.
Esto desató la polémica entre sostenedores, oposición e incluso oficialismo. Los diputados Camila Vallejo (PC) y Giorgio Jackson (RD) se sumaron a las críticas y afirmaron que es “un disparo en los pies”. “Por decirlo bajo, un error garrafal”, dijo Vallejo.
“A nosotros, a los mismos parlamentarios de la Nueva Mayoría, nos sorprendió. Es un daño tremendo a la gestión del Ministerio de Educación”, agregó y aseguró que dentro del propio oficialismo se evalúa “rechazar esa glosa de la Ley de Presupuesto“.
Para Jackson, “es realmente impresentable que el Gobierno pretenda borrar con el codo algo que escribió con la mano”. “Estamos hablando de muchos municipios que, en la transición a la desmunicipalización, van a tener menos recursos de los que esperaban. Es una irresponsabilidad gigantesca por parte del Gobierno congelar esos fondos“, dijo.
